Los diputados de la oposición mantienen una guerra abierta sin cuartel contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, como represalia al haber perdido en las elecciones y frenan toda acción del nuevo régimen que no encuentra hasta ahora, armonizar con sus opositores, originando que su administración discurra sin avances, no logre cumplir con su programa de gobierno, lesionando a sectores que urgen que la red vial sea reparada, que haya seguridad para terminar con la violencia, que la salud sea efectiva en todos los centros hospitalarios y que la educación cumpla con el rol que le asigna la carta magna.
Los diputados de la 9ª. Legislatura, como represalia al haber perdido las elecciones, no aprobaron el presupuesto general de gastos de la nación para el actual ejercicio fiscal, que obligó al Ejecutivo, solicitar al Congreso una ampliación presupuestaria de Q14 mil 151 millones y así resolver la crisis económica en la administración pública. Esa ampliación presupuestaria se logró aprobar, adversando a la oposición que argumentó ilegalidades de rango constitucional, dando lugar que se accionara en la Corte de Constitucionalidad, que declaró con lugar la acción, con el argumento que dicha ampliación carecía de certeza, porque se suspendió la interpelación al ministro de gobernación Francisco Jiménez.
El órgano Constitucional admitió el amparo que obligó al Legislativo a suspender dicha ampliación. Sin embargo, se analizó que por bien del país, era aconsejable que el pleno volviera a conocer la ampliación, que se logró con más de 107 votos. Pero la oposición no conforme, ahora vuelve a accionar contra esa ampliación y cree que es ilegal. Nuevamente, el máximo tribunal de orden Constitucional, debe cumplir con lo que dice la Constitución, su rol principal es la defensa del orden Constitucional. Esos grupos opositores deben comprender que son representantes del pueblo y que es ese pueblo el que necesita salir de la encerrona y la esclavitud de los regímenes pasados que por años se han asociado para corromper a todos los organismos del Estado, y que ahora con el nuevo gobierno han encontrado una muralla que no les permite derribarla, en venganza que ahora no son sobornados, tratan de impedir la ampliación presupuestaria.
La accionante, esta vez, es una abogada que con un su colega, promovió acciones de antejuicio contra los magistrados del TSE con el frívolo argumento que hubo fraude en las elecciones. El órgano Constitucional declaró sin lugar la acción, por no tener los presupuestos que indica la ley y por consiguiente, está vigente la ampliación presupuestaria que ya fue sancionada y publicada en el diario oficial, para que cobre vigencia. El Congreso se verá asediado este mes, porque está obligado a analizar y aprobar el presupuesto general de gastos para el ejercicio fiscal del año entrante, que de alguna manera está asociado con los acuerdos y acercamientos que puedan hacer las bancadas y elegir a los nuevos directivos y en torno al presupuesto general del año entrante, el titular de la cartera de Finanzas Públicas, Jhonatan Menkos, ha solicitado a las bancadas escuchar sus argumentos que contienen elementos para dar luz, a los legisladores que es urgente que se apruebe para auxiliar a familias de bajos recursos, mejorar la red hospitalaria, la educación y en todos los renglones que es la administración pública.
