Desde este 4 de septiembre arrancó el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE), el foro más importante, incluyente y participativo organizado de forma anual por Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Durante los próximos meses se llevará a cabo una serie de conversatorios y foros, con el objetivo de discutir con diferentes representantes de la sociedad guatemalteca sobre propuestas concretas para mejorar la certeza jurídica y confianza en las instituciones públicas.
En ese sentido, el primer conversatorio se centró en la Libertad Económica y Derecho a la Propiedad para el Desarrollo del País, conceptos fundamentales que están estrechamente relacionados y juegan un papel crucial en el desarrollo económico y social de un país, según los organizadores.
En el encuentro se resaltó que estos principios garantizan la capacidad de los ciudadanos para trabajar, emprender, realizar transacciones, poseer propiedades y utilizarlas de manera autónoma.
El tema fue presentado por Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de la Propiedad. También se contó con los aportes de Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro; Axel de León, director ejecutivo nacional del Registro de Información Catastral de Guatemala; Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, directora de la Escuela Registral del Registro General de la Propiedad; Roberto Morales, titular de la Comisión Nacional Registral y Estuardo Rodríguez Aspuru, presidente de la Cámara Binacional Guatemalteco India.
GARANTIZAR DERECHOS DE PROPIEDAD Y LIBERTAD ECONÓMICA
«La libertad económica y el derecho de propiedad son derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado para garantizar el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Un marco institucional que respete estos principios, junto con una regulación económica razonable y previsible, es esencial para el progreso económico y social«, puntualizó José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa.
Durante la presentación, se explicó que durante los últimos cinco años se han registrado delitos contra la propiedad inmueble especialmente en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Jutiapa.
Entre 2018 a 2023 se contabilizan 2 mil 543 denuncias por delito de diferentes tipos de usurpación en áreas protegidas. De estos, se han podido resolver solo el 19.46 por ciento y se han reportado 74 desalojos.
Claudia Lavinia Figueroa, del Registro General de la Propiedad, explica que una vez que el propietario es legítimo se da cuenta que su finca ha tenido movimiento y que no ha intervenido.
Indica que hay una fase previa, que es la clave con los notarios para acreditar la propiedad para dar certeza y seguridad jurídica a la propiedad para evitar ese tipo de situaciones que nacen fuera del Registro.
Figueroa recordó que los dueños de propiedades pueden adherirse a la ley de inmovilización voluntaria de bienes registrados como un procedimiento seguro, rápido y económico que pueden hacer en el Registro de la Propiedad que toma las huellas digitales del dueño, así como otras medidas de seguridad.
También detalló que los propietarios pueden consultar de manera electrónica las 24 horas del día por un costo equivalente de un dólar, el estatus de su finca a modo de mantener control de sus bienes.
#AhoraLH l Claudia Lavinia Figueroa, del Registro General de la Propiedad, se refiere al tema de la usurpación de propiedad.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 4, 2024
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FALTA COMPLETAR CATASTRO
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, destacó que el derecho de la propiedad es un factor clave para el desarrollo económico y social del país. Indicó que hace falta que la nación avance en el registro del catastro en la propiedades, del cual falta el 40 por ciento del territorio.
Zapata remarcó que hay que generar finca, folio y libro para todos los terrenos. Incluso explicó que hay una iniciativa para registrar el subsuelo, como gran activo del Estado que podría generar grandes réditos y oportunidades de inversión a muchas empresas, así también al estado guatemalteco para tener propiedad del uso y administración del subsuelo.
También destacó que hay necesidad de digitalizar los procesos dentro de las diferentes instituciones públicas. Además, recordó que quienes usurpan no están defendiendo derechos sino atentando contra la propiedad privada y contra la calidad de vida al no tener certeza jurídica sobre la propiedad.
Por otro lado, Zapata dijo que observa una buena voluntad por parte de funcionarios público en el tema de los derechos de propiedad.
«En este gobierno se está priorizando en la libertad económica y también en los derechos de la propiedad, hay una buena capacidad para adelantar el proceso de digitalización», expresó y recordó que habrá sanciones a las entidades del Estado que no cumplan con la digitalización de algunos de los registros debido a que la Ley antitrámites ha concluido.
#AhoraLH l "Hay una buena voluntad de los funcionarios públicos que veíamos hoy que bien explicaban como en este Gobierno se está priorizando la libertad económica y también los derechos de la propiedad", agregó Juan Carlos Zapata de FUNDESA.
📹:José Orozco/LH pic.twitter.com/uLJRs3NAsW
— Diario La Hora (@lahoragt) September 4, 2024