En todos los procesos electorales, hay grandes desafíos y causan heridas profundas entre los perdedores que se alinean para desacreditar al ganador, al no lograr sus objetivos, asociándose con diputados que por años han recibido beneficios económicos y granjerías con el gobierno de turno, causando un marcado retroceso en los programas del nuevo régimen, desacreditando sus proyectos, apadrinados con grupos corruptos que en toda la administración pública tienen allegados, un hecho sin precedentes que frena el progreso del país, que por varios años ha estado sumergido en un retraso.
Es imperativo que el pueblo y todas las entidades de prestigio, se unan para evitar que en el proceso de selección y posterior elección de los nuevos funcionarios judiciales, se designen a profesionales probos, con una hoja de vida sin tacha y no se permita la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados, que en los últimos años, su labor no ha sido de ser rectores de una pronta y cumplida administración de justicia y resuelvan con apego con lo que norma la Constitución y que Guatemala, sea vista a nivel nacional e internacional, como una nación de progreso y no sea objeto de censura de órganos extraterritoriales.
Lo que pueda suceder si continúa en el cargo la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, previamente el Congreso, está conminado a reformar la Ley Orgánica del ente investigador. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que estuvo en Guatemala, ha emitido un comunicado donde hace serios señalamientos contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, el Congreso de la República y la nula acción del Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, indicando que hay un incumplimiento a los acuerdos de paz, hace 40 recomendaciones que se deben cumplir, que efectivamente los órganos de Justicia, cumplan el papel, que norma la Constitución, que nuestro país, es parte de la Convención Americana, acciones –subraya- deben tomarse para lograr el fiel cumplimiento de las leyes.
El presidente Bernardo Arévalo de León ha hecho señalamientos contra diputados y los ha exhortado que en bien del país, cambien su política de coacción, porque su función reitera, va encaminada en luchar contra la corrupción y que Guatemala, sea una nación que tenga aceptación en todos los confines del mundo y espera que los nuevos funcionarios de los tribunales superiores, sean efectivamente garantes del Estado de Derecho y resuelvan como regula la carta magna.
La Constitución dice: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios públicos y empleados públicos están al servicio del Estado y no a partidos políticos”. Pero pareciera que los funcionarios del MP, y de otras entidades, no han sabido interpretar lo que regulan las leyes y es denigrante que Guatemala, sea un estado fallido y no encuadren sus funcionarios el papel que les asigna la carta magna y deben reconocer que es el pueblo el que elige, pero también el que quita…
