La comisión legislativa de Asuntos Municipales, que lidera Esduin Javier Javier «Tres Kiebres», y varios diputados entre ellos Allan Rodríguez y de VAMOS, que no son de esa mesa de trabajo, presentaron una iniciativa de ley que busca reformar la Ley de Contrataciones del Estado, la cual es una copia del decreto 4-2021 que vetó el expresidente Alejandro Giammattei, en junio de 2021.
La propuesta de ley que tiene el respaldo de 115 congresistas, según el documento que ingresó a Dirección Legislativa, copia el articulado para que los alcaldes, gerentes municipales o funcionarios equivalentes de la empresa municipal puedan hacer compras directas de hasta Q2 millones, monto que es similar a la ley que no entró en vigencia por críticas de sectores civiles.
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Aunque, el proyecto de ley contiene errores al no indicar los artículos que se buscan modificar, copia el párrafo donde se establece que el concejo municipal, en calidad de autoridad superior, haga compras mayores Q2 millones.
También entre los objetivos de la iniciativa de ley registrada con el numeral 6438, busca incrementar el techo en las compras de baja cuantía a Q90 mil. En la actualidad ese monto es de Q25 mil.
Asimismo, las compras directas podrían realizarse hasta por Q200 mil, y a la fecha lo permitido es hasta por Q90 mil.
ELIMINAR CONTROLES
En la propuesta que ingresó a Dirección Legislativa, pretende eliminar los incisos del numeral 6 del artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado.
«Al alcalde o al gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de Q900 mil. A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de Q900 mil», expresa actualmente dicho párrafo.
Además, del inciso a del artículo 38 de la normativa de compras, que indica también el monto para las compras de las municipalidades sobre los Q900 mil.
La iniciativa de ley también fue firmada por los diputados oficialistas que integran esa comisión de trabajo.
EL DECRETO QUE VETÓ GIAMMATTEI
El decreto 4-2021 que vetó Giammattei buscaba reformas a la Ley de Contrataciones del Estado al artículo 9 y pretendía beneficiar a los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como también a la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral.
Además, a las entidades estatales con personalidad jurídica, descentralizadas y autónomas y establecía modificar la omisión del contrato escrito, que dicha compra no excediera los Q100 mil.
