El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González asiste a un evento de campaña antes de las elecciones en Caracas, Venezuela, el 13 de junio de 2024. El 29 de agosto de 2024, la Fiscalía General de Venezuela se dispone a declarar en desacato al excandidato presidencial opositor Edmundo González si es que el viernes 30 de agosto de 2024, por tercera ocasión consecutiva, no se presenta a rendir testimonio. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)
El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González asiste a un evento de campaña antes de las elecciones en Caracas, Venezuela, el 13 de junio de 2024. El 29 de agosto de 2024, la Fiscalía General de Venezuela se dispone a declarar en desacato al excandidato presidencial opositor Edmundo González si es que el viernes 30 de agosto de 2024, por tercera ocasión consecutiva, no se presenta a rendir testimonio. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

La secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado de prensa emitido este martes 3 de septiembre, “condena pedido de captura de Edmundo González en Venezuela”.

González, el candidato opositor de Nicolás Maduro, que figura como ganador en las pasadas elecciones, está atravesando una persecución política, esta vez en orden de aprehensión, manifestó la OEA.

«La persecución política, esta vez en forma de orden de aprehensión del candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible a más de un mes de realizadas las elecciones», apuntan.

OEA HABLA DE UN CRIMEN MÁS

Asimismo, la Secretaría subraya que este, “es un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país”.

Seguidamente, la Secretaría declaró que el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad del país.

El poder judicial no administra justicia, administra represión y conculcación de libertades fundamentales, y que se erige en un agente principal de impunidad y violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, la Secretaría hace mención que no espera que los fiscales, magistrados y jueces hagan justicia, ya que es un despropósito jurídico, ético y moral el continuar exponiendo al pueblo a las políticas sistemáticas y crímenes del régimen venezolano.

Y para concluir, señaló que “se continúa sin accionar los instrumentos de imputación de cargos y detención de responsables por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que el respeto de garantías y condiciones de Estado de Derecho requiere acción y no inacción internacional”.

*Escrito por Erick Roblero*

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