El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz y el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, viajaron a la capital de Estados Unidos, Washington D.C. para reunirse con autoridades de aquella nación.
Ambos funcionarios guatemaltecos sostuvieron un encuentro que se desarrolló en la sede de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL, en inglés).
La INL trabaja para mantener la seguridad de los estadounidenses en su país combatiendo la delincuencia internacional, las drogas ilícitas y la inestabilidad en el extranjero, según cita su página oficial.
El subsecretario de la INL, Todd Robinson, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, recibió a la delegación guatemalteca que fue acompañada por el embajador de Guatemala en EE.UU, Hugo Beteta.
El objetivo de la reunión fue abordar temas de interés mutuo y fortalecer los lazos bilaterales en beneficio del Estado de Guatemala. Además, los funcionarios guatemaltecos participaron en reuniones en el Departamento de Estado y del Tesoro.
Cabe resaltar que ambos países están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico. Los países mantienen vigentes diferentes acuerdos de cooperación en diversos temas como seguridad aduanera y de fronteras.
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LOS ÚLTIMOS HECHOS
El pasado 14 de agosto, el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, reveló una estructura de defraudación tributaria de 410 contribuyentes que dejaron de pagar al fisco al menos de Q300 millones.
De esta red, ocho empresas le hicieron ventas al Estado por más de Q81 millones, la gran mayoría de estas bajo el mecanismo estipulado en el artículo 43, inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), «compras de baja cuantía».
Livio Díaz destacó que esa investigación tardó nueve meses, y presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas y a la PGN, que dirige Saavedra.
La estructura B410, según la investigación de la SAT, hizo negocios con al menos otros 21 contribuyentes, entre estos cinco constructoras, que a su vez le facturaron bienes y servicios al Estado por un monto superior a los Q4 mil 859 millones.
El día que la SAT reveló la estructura, La Hora publicó una nota en la que daba a conocer que la red de defraudación apunta a la operación de Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei. Entre el grupo de 21 empresas figura Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro), compañía vinculada a Martínez, según artículos periodísticos.
