El Juzgado Quinto Penal cerró el proceso en favor de los implicados en el caso Redes, porque consideró que en la acusación e investigación del Ministerio Público (MP), existen vicios y anomalías que no permiten encontrar los indicios por los cuales se cree que los señalados debían enfrentar juicio.
Según explicó la jueza Aurora Gutiérrez los errores proceden desde los inicios de la investigación hace nueve años, entre los que enumeró una «excesiva cantidad de correcciones al escrito de acusación, pruebas posiblemente alteradas, faltas al debido proceso y cambios no realizados en ley de los delitos por los cuales se perseguían a los sindicados».
«Este sobreseimiento no es por el trabajo que ustedes realizaron (los actuales fiscales del caso), sino por el mal trabajo que de hace 9 años», indicó la juzgadora.
#AhoraLH | Juez dicta sobreseimiento en favor de los implicados en el caso Redes. Afirma que no sobreseyó "por el trabajo de los actuales fiscales, sino por el mal trabajo del Ministerio Público hace 9 años". Además, certifica lo conducente en contra de quienes violentaron la… pic.twitter.com/UlkAlIgcqE
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Al inicio de la audiencia, el MP solicitó una serie de modificaciones al escrito de acusación, pues desde 2015 se presentaron cuatro, debido a que no todos los sindicados iniciaron juntos el proceso.
No obstante, a pesar de ser un mismo hecho, la jueza detectó, elementos repetidos o incluso elementos que no coincidían entre cada escrito de acusación.
«Realmente admiro el trabajo que ustedes realizaron en las audiencias», felicitó a los fiscales actuales del caso, «y tratar de modificar y establecer todos los errores, porque fueron 263 correcciones que ustedes trataron de realizar», recalcó.
Por esta razón, César Augusto Medina Farfán, Filadelfo Reyes Cáceres, Gustavo Adolfo Martínez Luna, Karen Paola Cancinos Muñoz, Edwin Ramón Roldán Solares, José Luis Patán Piché y Carlos Muñoz Roldán, quedan libres de cargos.
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LA ACUSACIÓN
El caso Redes nació como una investigación derivada del caso La Línea, en el cual se observó un supuesto comportamiento ilícito específico en el Puerto Quetzal. La Fiscalía refirió que descubrió una actividad de tráfico de influencias que buscaba la evasión de impuestos.
La investigación del MP, reveló la creación de un depósito aduanero privado en las cercanías a Puerto Quetzal, que debía incluir una póliza por US$5 millones, pero que fue modificada para que tuviera un costo de Q5 millones.
Supuestamente, ya existía una denuncia por este caso de presunta estafa, pero mediante contactos, buscaron que el entonces juez Patán desestimara la denuncia.
Mientras tanto, con ese depósito, los involucrados supuestamente cobraban sobornos para así agilizar sus trámites aduaneros, los que, presuntamente, fueron gestionados por Martínez Luna, de acuerdo con el ente investigador.
Pero según la juez, «el simple hecho de que se presente una a una de estas más de 263 correcciones al escrito de acusación, prácticamente evidencia la deficiencia al planteamiento».
«Técnicamente, están reformulando su requerimiento, la cual con el transcurso del tiempo ya constituye una seria amenaza a la integridad del proceso y pone en tela de duda la objetividad que se ha obrado en esta carpeta», argumentó.
#AhoraLH l Caso Redes: Jueza Aurora Gutiérrez advierte de vicios y anomalías encontrados en los escritos de acusación presentados por el MP en contra de los acusados, luego de que la fiscalía pidiera mas de 200 correcciones en un solo escrito.
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AUDIENCIA SIN SINDICADO
Gutiérrez explicó que en la carpeta judicial consta una audiencia realizada el 28 de octubre de 2015, en la cual el MP pretendía imputar nuevos hechos a Medina Farfán, pero al final, la audiencia termina reformando los delitos por los cuales estaba siendo procesado.
Aunado a esto, Medina no se presentó a la audiencia, sino fue representado por su abogado. Aunque todas las partes estaban de acuerdo en que se realizara de esta forma la audiencia, la jueza refiere que por ser la ley algo personalísimo, no debía hacerse sin la presencia del sindicado.
TEORÍA DEL ÁRBOL ENVENENADO
Durante su resolución, la juzgadora detectó anomalías en el manejo de unos medios de prueba, siendo estos dos teléfonos que habían sido incautados durante las diligencias previas a la primera declaración que se realizó el 15 de julio de 2015, en ese momento dichas pruebas fueron embaladas, pero según consta en las actas de la carpeta, la misma Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hizo ver que había un problema con estas.
«La auxiliar fiscal determina en el acta que lleva las evidencias a la Dirección de Investigaciones Criminales para que realicen la extracción de la información, sin embargo, me hacen ver que no pueden recibir dicha evidencia porque en la forma que fueron embalados los indicios por los auxiliares fiscales no se realizaron de manera completa», leyó la fiscal, según el acta encontrada.
#AhoraLH | Juez Gutiérrez halló fallas en el embalaje de la prueba y el modo de obtención de las interceptaciones telefónicas. Consideró que esos medios no fueron obtenidos en forma lícita, ya que no cumplen con los formalismos que debían tener desde que fueron solicitadas.
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De acuerdo con el relato, refiere a que los fiscales, Silvia Margarita Pérez Jerez, María Ester Ovando Palacios y Julio Roberto Barrios Prado, quienes firman la cadena de custodia, toman la decisión de «reembalar» la evidencia, figura que no existe en el ordenamiento jurídico
«Se realiza un nuevo embalaje con fecha 6 de agosto de 2015, 28 días después de que se habían obtenido los medios de convicción», señaló la juez.
Por estas acciones se considera que todo lo relacionado con estas pruebas ya se encontraba viciado y por lo tanto, lo subsiguiente que se pudo obtener a través de la extracción de la información queda sin efecto, ante la posibilidad de una mala manipulación de la prueba. De esa hizo mención de la teoría que refiere como «del árbol envenenado».
ESCUCHAS NO AUTORIZADAS
La juez también señaló que como consecuencia de la extracción de la información de los teléfonos que fueron mal embalados, la FECI de aquel momento, solicitó la autorización para proceder a la escucha telefónica de 17 números vinculados a los señalados.
Sin embargo, al finalizar la misma y según el escrito de acusación la prueba presentada es de 16 números que no fueron los originalmente solicitados y que no consta en la carpeta las autorizaciones judiciales para realizar las escuchas a estos otros números, por lo que se considera que las pruebas obtenida a través de estos métodos fueron ilegales.
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CERTIFICAN LO CONDUCENTE
Tras las anomalías detectadas, la jueza Aurora Gutiérrez, certificó lo conducente contra los antiguos fiscales del caso y contra quienes más resulten como producto de la investigación, para que se esclarezca porque no hubo una debida diligencia y cuidado de los medios de prueba utilizados en el caso.
De acuerdo a los señalado por la juez, al menos 5 agentes y auxiliares fiscales que pertenecieron a la FECI, podrían ser objeto de investigación.
«Yo todo se lo dejo en manos a Dios, la verdad para mí fue algo muy duro», expresó Carlos Muñoz, ex superintendente de administración tributaria, al finalizar la audiencia.
Por su parte, el ex secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez Luna indicó: «Después de más de 9 años, como lo dije desde el primer día de mi captura con la frente en alto iba a demostrar mi inocencia».
