Sancionados apuestan por el poder judicial: buscan ser magistrados de la CSJ y Salas de Apelación

La renovación de magistrados que integran las 45 Salas de Apelación del país y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra a menos de dos meses, según la fecha que establece la ley, y varios jueces y fiscales sancionados por acciones antidemocráticas y corruptas apuestan a obtener una magistratura en el poder judicial durante los próximos cinco años.

Las sanciones internacionales con las que cuentan los ahora candidatos van desde el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta la Unión Europea y Canadá. El pasado 24 de agosto las Comisiones de Postulación dieron por concluida la recepción de expedientes a todo público que contara con los requisitos, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial aceptó los perfiles de jueces y magistrados que ya laboran en el Organismo Judicial (OJ) el 25 de agosto.

Ahora las Comisiones de Postulación deben depurar las listas y seleccionar los mejores perfiles de candidatos que deben pasar la presentación de impedimentos y tachas en su contra, evaluaciones y entrevistas para finalmente ser elegidos por los diputados del Congreso de la República.

RAFAEL CURRUCHICHE

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), José Rafael Curruchiche Cucul, se postuló como candidato a magistrado de la CSJ. Curruchiche fue sancionado en julio de 2022 por el Departamento de Estado de EE. UU. bajo la Lista Engel de «Actores Corruptos y Antidemocráticos» bajo señalamientos de «obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción» y «presentar denuncias aparentemente espurias».

El jefe de la FECI ha sido acusado por su antecesor, Juan Francisco Sandoval, de emprender investigaciones de carácter político en su contra. Bajo la dirección de Rafael Curruchiche, su unidad ha solicitado la detención y persecución de varios ex operadores de justicia y periodistas que evidenciaron casos de corrupción durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, también vetado del país norteamericano.

El año pasado, la FECI judicializó las elecciones generales y develó un caso contra el ahora Presidente de la República, Bernardo Arévalo, para evitar que tomara posesión. Las acciones fueron condenadas por la Unión Europea, EE. UU. y países latinoamericanos que acusaron al MP de María Consuelo Porras de fraguar un golpe de Estado. De esa cuenta, fue vetado por 41 países y el congelamiento de activos en ciertas naciones.

CINTHIA MONTERROSO

La fiscal regional de Zacapa, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, también presentó su expediente para ser magistrada de Sala de Apelación. Su nombre empezó a figurar cuando era pupila de Curruchiche en la FECI y tras liderar la captura del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, fundador de elPeriódico y quien fue acusado de lavado de dinero, caso que generó críticas nacionales e internacionales por ir contra las libertades de prensa.

Cinthia Monterroso también mostró su apoyo en operativos que formaron parte del proceso judicial que se sigue contra el Movimiento Semilla, partido que llevó a la presidencia a Arévalo, quien en su momento la señaló de orquestar un “golpe de Estado”.

Para julio de 2023, EE. UU. la agregó a su lista negra por «socavar procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca».

Canadá se sumó meses más tarde a esta restricción y la vetó tras la crisis democrática que sufrió Guatemala en el tema electoral.

LEONOR MORALES

La fiscal de FECI, Leonor Eugenia Morales Lazo, se presentó acompañada de Cinthia Monterroso. Ella también busca llegar a ser magistrada de Sala de Apelación. La agente tiene a su cargo el caso contra el partido Movimiento Semilla y junto al juez Fredy Orellana, quien tiene a cargo el expediente, ha mantenido el caso bajo reserva sin que la defensa de la agrupación política pueda tener acceso a la carpeta judicial y defenderse ante la justicia.

Leonor Morales también secuestró el padrón electoral, que contiene datos personales de 9.3 millones de guatemaltecos, sin autorización judicial. Pese a que tomó notoriedad hasta pocos meses atrás, cuenta con la sanción de 41 países por sus acciones antidemocráticas y solicitar el retiro de inmunidad contra el presidente Arévalo y funcionarios de su gobierno.

GILBERTO PORRES

Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la fiscal general y jefe del MP, María Consuelo Porras, y fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, se postuló a magistrado de apelación. El veto para Gilberto Porres responde a su vínculo matrimonial con Porras y las políticas de la Lista Engel.

«Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción», resaltó un comunicado de la oficina en Washington.

JIMI BREMER

Mientras que el juez Décimo Penal B, Jimi Rodolfo Bremer, busca ser magistrado de la CSJ o de Sala de Apelación. Su inclusión en la Lista Engel es por «socavar procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca».

Bremer conoció un segundo caso en contra del periodista Zamora y atendió el pedido de la fiscal Cinthia Monterroso de avalar una investigación contra periodistas y columnistas que expusieron irregularidades en el caso del fundador de elPeriódico y señalaron una persecución política por revelar publicaciones contra Giammattei.

Además, giró una orden de captura contra Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

VÍCTOR CRUZ

El juez Décimo Penal A, Víctor Manuel Cruz Rivera, también busca una magistratura. El togado apostó en la postuladora de Salas de Apelación y CSJ. También está sancionado por EE. UU. bajo señalamientos de «emitir resoluciones judiciales con fines políticos».

Está a cargo del caso Toma de la Usac, un proceso que surgió en paralelo a la investigación contra el partido Semilla y en el cual se señala a varios integrantes de dicha agrupación política y la actual vicepresidenta Karin Herrera de usar la toma de las instalaciones de la universidad estatal como trampolín para ganar las elecciones generales.

El caso fue señalado como otro intento por criminalizar a opositores del entonces gobierno de Giammattei y estructuras de poder del país. Entre las resoluciones cuestionadas de Cruz figuran el cierre del caso contra la exmagistrada Blanca Stalling.

Además, tiene bajo su control un caso de presunta corrupción que señala al expresidente Giammattei y su pareja Miguel Martínez.

MYNOR MOTO

El juez Tercero Penal B, Mynor Mauricio Moto Morataya, también cuenta con una sanción de dicho país nortemericano. Moto busca ser magistrado de Sala de Apelación o de la CSJ.

El pasado 6 de diciembre de 2022, el Juzgado Décimo Penal anuló una orden de captura que se giró en contra de Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020. Moto es señalado del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia en el caso.

Mientras que en la investigación del Libramiento de Chimaltenango se acusa a Moto de recibir dinero a cambio de beneficiar a los señalados en el caso Libramiento de Chimaltenango, entre ellos al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

LESTHER CASTELLANOS

Lesther Castellanos Rodas, magistrado suplente de sala y juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango, busca ser magistrado, pero ahora de la CSJ. Castellanos fue sancionado por Estados Unidos debido a su papel en el proceso judicial contra Virginia Laparra, quien fue fiscal de la FECI en Quetzaltenango.

Laparra fue una figura destacada en la lucha contra la corrupción en el país y trabajó en la investigación de casos de alto perfil relacionados con la corrupción y en 2022 fue capturada por una denuncia que interpuso Castellanos en su contra.

De esa cuenta, EE. UU. sancionó a Castellanos, señalándolo como parte de un sistema que estaba instrumentalizando el sistema judicial guatemalteco para atacar a quienes investigaban la corrupción. Su sanción refiere que es por «socavar procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción».

GEISLER PÉREZ

Asimismo, el juez penal Geisler Smaille Pérez Domínguez presentó su expediente ante el Consejo de la Carrera Judicial para optar al cargo de magistrado de Salas de Apelaciones. Pérez está incluido en la Lista Engel de 2022.

Su designación es por «socavar los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de ‘Comisiones Paralelas 2020’ para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos».

MANUEL DUARTE

El magistrado reelecto de la CSJ, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, aparece de nuevo en el proceso de elección de Cortes tras lograr su reelección. De ganar su postulación para la Suprema, sería el tercer período en ella.

Su sanción e inclusión en la Lista Engel es por su vinculación con las irregularidades en el proceso de elección de Cortes de 2019.

“En la Corte Suprema ha socavado los procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para puestos en altas cortes.”, señala Estados Unidos.