Cuando se crearon las comisiones de postulación, la idea era que el mundo académico, las universidades y los colegios profesionales, se hicieran cargo de la calificación de los aspirantes a cargos tan importantes como los que implican la administración de justicia en el país. Primero fue el TSE y la intención era arrebatar a la clase política la facultad de hacer nombramientos a dedo que sirvieron para concretar aquellos famosos fraudes ocurridos de 1974 a 1982.
Tristemente, funcionó el principio general de que hecha la ley, hecha la trampa, pues desde entonces se corrompieron muchas de las universidades y los colegios profesionales ya no eligieron a sus mejores miembros como directivos sino a quienes tenían suficiente dinero para comprar los votos necesarios. Y de esa cuenta los últimos listados de “postulados” han dado como resultado esas Cortes de Apelaciones y Cortes Supremas que dan verdaderamente pena porque su misión fue generar el clima de impunidad para favorecer a los ladrones del erario público y de aplicación abusiva de la ley para perseguir a quienes cuestionan al sistema.
Pero jamás, ni siquiera en los últimos procesos que incluyen al que dirigió desde la bancada Vamos Miguel Martínez armando la lista de los aspirantes que debían ser electos por el Congreso de la República, se llegó a colmos como los que ahora vemos. Históricamente, las magistraturas eran desempeñadas por abogados de prestigio, con capacidad probada y criterio jurídico solvente para implementar la interpretación de la ley y valoración de las pruebas y tuvimos, aún en épocas turbias, juristas que entendían su responsabilidad.
Ayer la gran noticia para los guatemaltecos fue que los abogados Rafael Curruchiche y Mynor Moto, conocidos personajes, no del mundo de la farándula sino del mundo de la impunidad y perversión de la justicia, preparan su papelería para presentarla ante las comisiones de postulación aspirando a ser designados magistrados, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o de cualquiera de las Salas de Apelaciones. Aquello de “reconocida honorabilidad” queda como un verdadero chiste cuando se ve que el arca está abierta para que cualquiera, sin que importen sus antecedentes o credenciales, pueda soñar con que los postuladores terminen designándolos.
La verdad sea dicha, tienen tanto derecho como quienes a lo largo de los últimos años se han encargado de corromper la legalidad en el país. Es grande la lista de los magistrados que han sido estandarte de nuestra actual “justicia” y si una mujer que se disfrazaba y renegó su apellido por uno más “rimbombante” según ella, pudo llegar a ocupar los más altos cargos, no debiera sorprendernos que en esas condiciones surjan las aspiraciones de Curruchiche y Moto porque, al fin y al cabo, hay una sociedad que todavía no atina a alcanzar un pacto para tener una mejor justicia con un verdadero Estado de Derecho.
