Cualquier ilusión de que al llegar el nuevo gobierno el MP y la CC modificarían sus desempeños en beneficio del país ha chocado contra el muro de que su sólo interés es garantizar la impunidad de criminales y corruptos, así como mantener el mafioso secuestro del Estado. Día a día leemos ejemplos de la lenidad con que tratan a delincuentes y del cierre de casos por jueces y la CC por mal desempeño del MP, no por ignorancia o falta de pruebas, sino que con toda la intención de favorecer a los acusados. Eso contrasta con la forma avasalladora con que se ataca a gente honesta que ha osado denunciar o frenar a las mafias criminales y corruptas, con el resultado de personas injustamente en prisión o forzadas al autoexilio, en donde se trata también de atacarlas judicialmente, incluso con financiamiento extranjero. Los diez magistrados de la CC, Porras y sus allegados en el MP y títeres en judicaturas siguen prostituyendo la justicia, cual proxenetas de la Constitución y la ley. El proceso de designación de Cortes, que debería tratar de restituir la credibilidad del sistema judicial está siendo manipulado u obstruido por las mafias. Por un lado, se retrasan los trabajos de las comisiones postuladoras y ya hay mafiosos en ellas para imponer sus intereses; su meta es mantener a los corruptos incrustados en el sistema. Por otro lado, se han integrado propuestas de candidatos con tacha que, al gozar del respaldo de “peces gordos” en los sistemas judicial y político, sortearían todas las objeciones.
La “guerra judicial” del MP continúa y el objetivo de expulsar de sus puestos y del país a personal honesto y de tomar venganza contra personas que los han denunciado o han expuesto sus delitos y abusos, se ha agregado el objetivo central de Porras: derrocar al gobierno de Semilla, Arévalo y Herrera. Asume la obligación personal, que desempeña con odio y rabia, de corregir las imbecilidades políticas de Giammattei, “Miguelito”, Zury Ríos, Sandra Torres y sus partidos, para recuperar el control del Poder Ejecutivo y seguir saqueando al país, como hicieron de forma descarada y brutal bajo los gobiernos de Pérez, Jimmy y Giammattei. Cuenta con el apoyo de la oligarquía y de sectores trumpistas de EE. UU., que pretenden seguir con su “segunda conquista del país”, ejecutada por decenios, aún a base de genocidio. El gobierno debe enfrentar el flagelo de la corrupción e impunidad, haciendo uso de sus poderes constitucionales. Yo insisto en la remoción de Porras y su captura por acciones alevosas e ilícitas, someterla a juicio y condenarla a muchos años de prisión. La ciudadanía debería movilizarse simultáneamente para evitar que la CC trate de rescatar a Porras. Si interviene a su favor, será la población, cansada de tantas arbitrariedades, la que debe paralizar el país para expulsar a las y los magistrados de la CC. No podemos esperar más tiempo y debemos iniciar la organización social y popular que nos permita cerrar el paso en calles y carreteras en todo el país. Es esta la acción indispensable para romper los candados que protegen la corrupción y la impunidad.
