El presidente Bernardo Arévalo anunció el 5 de agosto que cesarían del cargo a un abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), por no haber practicado correctamente el reclamo de reparación digna en contra de los representantes legales de dos constructoras que ejecutaron la obra del Libramiento de Chimaltenango.
«Va a ser destituida la persona responsable de no haber hecho la gestión que se le había ordenado. El procurador general de la nación dio la instrucción para que la demanda del Estado fuera por los Q21 millones», expresó Arévalo.
Al final solo lograron que resarcieran por Q350 mil cada uno por una obra que le costó al Estado más de Q500 millones.
Y este 6 de agosto la PGN confirmó el despido del abogado Otto Alvarado. La Hora consultó con esa institución al respecto y respondieron que «en seguimiento, se informa que el abogado en mención ya no forma parte del equipo de la Procuraduría General de la Nación».
La PGN confirmó que el abogado Alvarado no labora más para la institución.
A Alvarado se le rescindió el contrato después de las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, quien evidenció que se habían cometido errores en el proceso de reparación digna y que los evidenció la jueza Claudette Domínguez en la audiencia.
La titular del Juzgado de Mayor Riesgo A rechazó la petición de la PGN para el pago de reparación digna solicitado en contra de los representantes legales de las empresas Constructora Nacional S.A. (Conasa) y Renova Ingenieros S.A. luego que se declararan culpables de fraude para obtener la contratación de la construcción del libramiento.
La jueza Domínguez señaló que las peticiones de la PGN no podían ser atendidas porque no fueron debidamente acreditadas.
«Me dicen de un informe, pero no lo adjuntan», señaló en diversas ocasiones la juzgadora.
«No revisó que los documentos que presenta a la jueza venían incompletos», recriminó Domínguez en su análisis.
A criterio de la juzgadora, muchos de los daños de reparación no deben ser pagados por los constructores, sino por las autoridades de Caminos o el Ministerio de Comunicaciones por no realizar las revisiones respectivas y concluir que las empresas no eran idóneas para la construcción.
Domínguez señaló que de acuerdo con los documentos que le fueron presentados, se determina que la obra no está entregada en su totalidad, por lo que hasta que eso suceda se pueden ejecutar las fianzas de los contratos, siendo ese el momento en el que se proceda a las reparaciones como lo pretendía la procuraduría, situaciones por las cuales rechazó la petición del abogado del Estado.
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Los representantes legales de las empresas Conasa y Renova Ingenieros S.A., Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, respectivamente, decidieron acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos y declararse culpables del delito de fraude.
Aseguraron que realizaron una serie de artificios para engañar a las autoridades y quedarse con la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
El libramiento de Chimaltenango, la “megaobra” de Q528.6 millones que inauguró en el 2019 el presidente Jimmy Morales, ha sido afectada por derrumbes e inundaciones desde entonces.
En estas notas te explicamos más:
CONDENADOS POR FRAUDE
Tras la aceptación de ambos constructores, la Jueza de Mayor Riesgo A los condenó a 3 años y 4 meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios.
La condena original era de 5 años de prisión, sin embargo, por haber sido enviados a juicio y aceptar su culpabilidad antes del inicio de este, la ley establece que debe realizarse una rebaja de la tercera parte de la pena, por lo que la misma se puede cambiar por el pago ya impuesto.
Domínguez determinó que Tejeda y Rabanales deberán pagar Q350 mil cada uno por reparación digna dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, una obra cuyo costo sobrepasa los Q500 millones.
