La ex viceministra técnica de Salud, Leslie Lorena Samayoa Jerez de Hermosilla, fue ascendida a ese puesto por decisión del expresidente Alejandro Giammattei, luego de que junto a dos compañeros más presuntamente beneficiara a una farmacéutica vinculada a la pareja del exmandatario, Miguel Martínez. Una querella penal interpuesta en su contra apunta a lo anterior.
La mañana del 11 de mayo de 2021, la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, anunciaba que Leslie Samayoa había sido designada para ocupar el cargo de Viceministra Técnica del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS). El cargo se mantenía vacante desde un mes atrás, cuando el expresidente despidió a Lucrecia Ramírez quien estaba al frente del viceministerio.
Ese mismo día, en conferencia de prensa, la exministra de Salud reconoció no haber estado de acuerdo con la destitución que Giammattei había realizado a Ramírez un mes atrás. Según Flores, la remoción del expresidente fue bajo el argumento que serviría para agilizar la adquisición de vacunas.
Las declaraciones de Flores sorprendieron en 2021, pero no tuvieron relevancia hasta ahora, cuando las nuevas autoridades del MSPAS —del gobierno de Bernardo Arévalo— dieron a conocer sobre la presentación de una querella penal en contra de tres personas que laboraron en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines durante el gobierno de Giammattei.
Salud denuncia a encargados de registro sanitario a Aviv Farmacéutica
AUTORIZACIÓN Y VÍNCULO CON MARTÍNEZ
La querella fue presentada por el Viceministro de Salud, César Conde Pereira, y señaló que durante la emergencia del COVID-19 al menos cuatro empresas solicitaron la autorización de un registro sanitario para comercializar el fármaco Remdesivir; sin embargo, solamente una lo obtuvo y de esa cuenta se le dio la condición de “proveedor único durante un año”.
La firma beneficiada fue Aviv Farmacéutica, vinculada con la empresa La Botica, una de las compañías señaladas de obtener contratos millonarios durante la cuestionada gestión de Giammattei y Martínez, ambos sancionados por dos oficinas de EE. UU. bajo acusaciones de presuntamente recibir sobornos y pagos irregulares a cambio de contratos en el Estado. Los dos están vetados del país norteamericano.
📌 El IGSS no ha cambiado de manos: La Botica recibe Q165.1 millones en contratos con el seguro social.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 23, 2024
La Hora tuvo acceso a la querella presentada y esta detalla que la autorización que obtuvo Aviv Farmacéutica para distribuir el medicamento fue otorgada de forma supuestamente anómala. «Lo que permitió la distribución y venta del Remdesivir por parte del proveedor, durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, principalmente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al MSPAS», refiere.
De acuerdo con información de Guatecompras, —el sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado—, Aviv Farmacéutica obtuvo adjudicaciones para el estado por más de Q207 millones de 2020 a 2023. La entidad que más la benefició con adjudicaciones fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Una nota publicada por La Hora el pasado 13 de junio detalla que fuentes con conocimiento del tema revelaron a este diario que en bancos del sistema se detectó que cuentas de La Botica registraron movimientos sospechosos. Entre las empresas con las que habría tenido este tipo de transacciones figura Aviv Farmacéutica, hoy señalada.
MP duerme investigación por transacciones sospechosas de La Botica
LA BOTICA Y MIGUEL MARTÍNEZ
La Botica saltó a la vista pública después de que medios de comunicación revelaran los vínculos que tiene con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, dado la amistad que tiene con Jairo Ernesto Ponce Fernández, hermano de Dorian Fabián Ponce Fernández, presidente del Consejo de Administración de la farmacéutica.
La amistad, incluso, llevó al gobierno de Giammattei a bautizar un puente en Sacatepéquez con el apodo de Jairo Ponce, conocido como «Cuto». En abril de 2022, la antigua administración nombró con ese apodo al puente que se ubica en la Ruta Nacional 14, sobre el río Guacalate y que antes se llamaba Tetuán, el mismo nombre de una calle contigua.
GIAMMATTEI ASCENDIÓ A SAMAYOA
Los extrabajadores denunciados, que ocuparon los siguientes cargos durante 2020-2021, son: Javier de Jesús Muñoz Bonifaz, evaluador profesional de autorizaciones sanitarias; Beatriz Eugenia Batres Rivera, coordinadora de autorizaciones sanitarias y Leslie Samayoa, jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos.
En la querella penal las autoridades denunciaron que «se hace muy sospechoso» que posteriormente al registro del producto que benefició a la farmacéutica fueron promovidos los tres denunciados, quienes estuvieron involucrados en el procedimiento para que Aviv Farmacéutica consiguiera el registro sanitario.
En el caso de Javier Muñoz fue nombrado como jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos Afines, a través de un acuerdo ministerial. Mientras que por medio de un acuerdo gubernativo el exmandatario Alejandro Giammattei nombró como viceministra técnica a Leslie Samayoa
La denuncia que interpuso Salud no abarca al expresidente Giammattei, sin embargo, refiere al Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, que «debe perseguir penalmente a terceros que resulten responsables».
Samayoa es química farmacéutica egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala y posee un posgrado en Biología Molecular y Genética, así como un diplomado en Farmacovigilancia en la Industria Farmacéutica por el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos (CEGIMED).
Su experiencia profesional es de más de 20 años dentro del área forense y asuntos regulatorios. De acuerdo con Salud, también se involucró en áreas de investigación forense y participó en comisiones de trabajo con autoridades del Gobierno de Guatemala.
La querella presentada en contra de los tres extrabajadores es por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Dos farmacéuticas, un abogado y las transacciones sospechosas que los une con La Botica
REGISTRO NO DEBIÓ OTORGARSE
La denuncia relata que en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos se presentó la solicitud del nuevo registro sanitario con fecha 7 de julio del 2020 por la entidad Aviv Farmacéutica, a través de su representante legal Alejandro de Dios Nájera para el producto Desrem.
Sin embargo, dos días después «sin haber cumplido con la totalidad de requisitos» le dieron dictamen favorable a la empresa y le otorgaron el número de registro sanitario PF-58381.
En la denuncia el viceministro Conde mencionó que se pudo determinar que el evaluador «no cumplió con la normativa vigente», en virtud que obvió en las declaraciones juradas de compromiso de presentar certificado de venta libre, de producto farmacéutico y de buenas prácticas de manufactura.
Además, la monografía y metodología validada fue en inglés y debía presentarse en español. “En conclusión, el registro sanitario no debió otorgarse previo a la nota de revisión 1 y fue otorgado en dos días, del 7 al 9 de julio de 2020 y entregado al usuario en siete días, el 14 de julio de 2020”, sostiene la querella.
SE BUSCÓ POSTURA
Para este trabajo, La Hora buscó comunicarse con la exfuncionaria para obtener su postura, no obstante no fue posible. En cuánto se reciba su respuesta se incluirá en este espacio.
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