Estupefacto quedó el numeroso auditorio del Willson Center en la ciudad de Washington D.C. el pasado viernes cuando escuchó la presentación de la Fiscal General Thelma Aldana sobre la situación financiera del Ministerio Público en medio de la lucha que se tiene que librar en Guatemala. Explicó con detalle la funcionaria las abismales diferencias entre lo requerido por esa dependencia para garantizar la eficiencia de su trabajo y lo asignado en el Presupuesto cada año durante el período de gobierno de Pérez Molina, pero a eso, que ya era grave, hay que agregar que ni siquiera se cumplió con lo presupuestado y cada año “quedaron debiendo” varios millones.

En concreto, del año 2012 al 2015, la brecha entre lo solicitado por el Ministerio Público y lo asignado por Finanzas para esos años es nada más y nada menos que de dos mil cuatrocientos sesenta y seis millones de quetzales. Pero por si no fuera poco castrar de esa forma la labor de la fiscalía, además dejaron de entregar todo lo presupuestado y no sólo les habían reducido drásticamente el presupuesto, sino que además no lo cubrieron como se debía y en los cuatro años quedaron debiendo Q 498 millones, lo cual da una muestra de cuánto le importaba al gobierno el tema de la lucha contra el crimen y el combate a la impunidad.

Llama la atención que todo ello ocurriera justamente cuando la Baldetti anunciaba que no necesitábamos más a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala porque teníamos que caminar solos sin que nos ayudara alguien a cruzar la calle. Pero en vez de promover un fortalecimiento de las instituciones que tendrían que llenar el eventual vacío que dejaría la CICIG, como ellos querían para evitar un ente que pudiera contarle las costillas, resulta que no sólo le bajaron drásticamente el presupuesto sino que además no cumplieron ni siquiera con entregar el pichicato recurso asignado.

En la discusión actual del Presupuesto estamos frente al mismo problema porque nuevamente se ha proyectado una asignación que da vergüenza. El Presidente Electo visitó a la Fiscal General y anunció que apoyará el trabajo que se hace especialmente en el tema de la corrupción, pero su equipo de trabajo no contempló lo solicitado por el Ministerio Público y en general por el sector justicia para elaborar el plan de gastos de su gobierno y ello es una pena porque no basta con decir, del diente al labio, que se dará apoyo al Ministerio Público, sino que hace falta traducir el apoyo en hechos concretos y en recursos.

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