El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó por medio de un comunicado que el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para el Proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, será aprobado bajo la modalidad de alianza público privada (APP).
La decisión fue tomada bajo el estricto cumplimiento de requisitos contractuales establecidos y legislación, aprobados previamente por el Congreso de la República, aclara el comunicado.
«Es imperativo subrayar que todos los riesgos de inversión en este proyecto son asumidos por el proveedor privado, alineado con las disposiciones legales vigentes», se lee en el documento.
La cartera afirmó que las consecuencias de no cumplir con la normativa vigente causarán graves daños al país. Legalizar el plan podría detener durante años las mejoras a la carretera principal que conduce al puerto más importante del Pacífico.
«Implicaría un riesgo significativo de perder en arbitraje frente a la empresa contratista, deteriorando la confianza de los inversionistas en la seguridad jurídica del país», detalla CIV.
BENEFICIOS TANGIBLES
Además, el CIV destaca que, a pesar de las limitaciones evidentes, es crucial reconocer que el acuerdo alcanzado conlleva beneficios tangibles para Guatemala.
Entre los beneficios que considera está la ampliación de la construcción de vías primarias, mejorando sustancialmente la conectividad y seguridad vial en la ruta CA-9.
En tendencia:
Gas propano: estos son los nuevos precios para los consumidores
Balaceras y cierre de aeropuerto tras la captura de capo de cártel en México
El IGSS gira hacia Huawei (China) con contrato de Q39.7 millones por equipo informático
Sismos de magnitudes 5.5 y 4.5 grados sacuden a Guatemala en la madrugada del 5 de febrero
Terremoto de 1976: Hora y dónde fue el epicentro
«Debemos actualizar nuestro marco legal para la contratación de obra pública, adoptando estándares internacionales de eficiencia, calidad y beneficios para el Estado», describe el comunicado.
Por otro lado, la cartera de Comunicaciones indicó que es necesario fortalecer la gestión cuidadosa de estos modelos de contratación por parte de los funcionarios y las instituciones públicas. El Ministerio precisó que los riesgos de inversión en el proyecto son asumidos por la empresa privada.