La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, la investigación completa que se realizó contra los primeros seis implicados en el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 2022 y 2023.
De acuerdo con el fiscal del caso, Saúl Sánchez, se cuenta con diversos medios de prueba, entre testimonios, documentos, pruebas materiales y peritajes. Sin embargo, también refirió que han hecho una investigación relacionada con la vicepresidenta Karin Herrera, pese a que esta goza de inmunidad.
«Se investigó a fondo, la relación de la señora Karin Larissa Herrera Aguilar, la vicepresidenta de la República, en el cual ella nombró en la vicepresidencia a la señora Kenia Fernanda Urrutia Corado», resaltó Sánchez.
Según el fiscal, podría haber un indicio de delito cometido por la vicepresidenta, al contratarla dentro de la vicepresidencia por la supuesta implicación de Urrutia en la toma de las instalaciones universitarias, sin embargo, se destaca que Kenia Fernanda Urrutia Corado, no está ligada a proceso penal en ninguno de los 3 grupos que al momento han sido puestos a disposición de juez competente.
Así también se aseveró que en el caso del estudiante Javier de León, contaban con un video donde este aparecía «a la par de la señora Karin Larissa Herrera Aguilar, cuando esta persona aún era catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala», manifestó Sánchez.
Entre los medios de investigación que la fiscalía asegura tener, se cuenta con el nombramiento que el presidente Bernardo Arévalo realizó, al designar a Eduardo Antonio Velásquez Cabrera, como director del Instituto Nacional de Administración Pública.
«Entendemos, es una relación y conexión con el delito que se investigó contra él (Velásquez), toda vez que se le está comprando a él su silencio, callando su voz, o mejor dicho, como previa recompensa, dádiva o bien para comprar su lealtad», sentenció el fiscal.
A criterio de este, «es evidente que estas contrataciones o estos nombramientos dentro del gobierno de Guatemala son hechos, nexos y contestes con la investigación pertinente», indicó Sánchez.
¿Y EL DERECHO DE ANTEJUICIO?
De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, tanto el Presidente como el Vicepresidente de la República gozan del derecho de antejuicio, es decir no pueden ser investigados si antes no se levanta ese derecho, una vez exista una causa justificada para proceder contra estos.
El pasado 29 de abril, la Corte Suprema de Justicia, no dio trámite a las solicitudes de antejuicio que el Ministerio Público planteó contra el binomio presidencial, con el cual pretendían que se autorizara investigar a Arévalo y a Herrera, pero al no seguir el proceso, los funcionarios no pueden ser investigados dentro del caso.
Al cuestionársele al fiscal sobre por qué investigó a fondo a la vicepresidenta, este manifestó: «El MP lo único que hizo fue requerir información de las personas señaladas, Andrea Marcela Blanco Fuentes, Kenia Fernanda Urrutia Corado y Eduardo Antonio, en ese sentido el MP ha dirigido la investigación contra ellos, nosotros no pedimos información directamente contra la vicepresidenta o presidente».
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NUEVAS SOLICITUDES
Desde que la CSJ no dio trámite a las solicitudes de antejuicio, el MP aseguró que haría nuevos planteamientos contra los mandatarios del país, pero a la fecha no se han presentado las nuevas solicitudes.
Sánchez no descarta que en los próximos días se realicen los planteamientos, pues afirma que aún están reuniendo otras argumentaciones.
