Bien reza el dicho que más vale tarde que nunca y eso se aplica al aire con remolino que está mostrando la Contraloría General de Cuentas de la Nación que formuló una serie de reparos y señalamientos de corrupción por negocios realizados durante la administración de Alejandro Giammattei. Históricamente, los contralores de cuentas son siempre encubridores de los grandes negocios y sus reparos se reducen a nimiedades, dejando pasar burdas acciones que involucren a los más poderosos.
Ahora, en su informe anual ante el Congreso de la República, afirmó que se establecieron auditorías especiales que evidencian malos manejos en la ejecución de más de ocho mil millones durante el año 2023. En total se trata de 1,053 hallazgos, por los que se realizaron recomendaciones y a falta de actividad para repararlos, se hicieron denuncias ante el Ministerio Público. Ello significa un cambio radical en cuanto al papel que históricamente ha desempeñado el ente obligado por la Constitución de la república a fiscalizar de manera efectiva todo el uso que se haga de los recursos del Estado.
Es importante señalar el cambio de actitud porque confirma que sí se puede fiscalizar el gasto público, pero que hace falta decisión, compromiso y determinación para hacerlo; durante todos los años del período anterior vimos que los reparos de la Contraloría eran realmente ridículos en comparación con los niveles de podredumbre que alcanzó el Estado guatemalteco a lo largo de los últimos gobiernos. Pero ante el repudio ciudadano y el compromiso de las nuevas autoridades con la necesidad de depurar el ejercicio de las funciones públicas, los contralores decidieron, al fin, cumplir con su gorda obligación.
Ahora corresponderá al Ministerio Público iniciar las investigaciones pertinentes y en la medida en que los ejecutores de los negocios vayan siendo encausados, terminará sabiéndose a cabalidad cómo funcionaba todo el trinquete y quiénes eran los que no solo los dirigían, sino quienes se quedaban con la mayor tajada. Sentar esos precedentes judiciales será vital en la lucha por emprender una nueva vía en la administración pública para que el Estado pueda retomar el cumplimiento de sus fines, pero sobre todo, el rescate del Estado de Derecho que se perdió para asegurar impunidad.
Es importante trasladar a la ciudadanía esos informes de la Contraloría porque permitirán supervisar la actitud del Ministerio Público que, como hicieron históricamente los contralores, se ha convertido en una coraza de impunidad para aquellos que han logrado amasar millones, algunos refundidos en maletas y otros lavados sin que haya ninguna Verificación Especial. Poco a poco se van sintiendo ya los aires de cambio y ojalá que este informe de las auditorías sea el principio de algo trascendental.
