Cuando el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas aprobaron la resolución 181 (II) se buscaba el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en un territorio que – además de los inmigrantes llegados desde que dejó de ser parte del Imperio Otomano disuelto después de la Primera Guerra Mundial y convertido en la actual Turquía – también pudiesen vivir judíos europeos escapados del holocausto. Sin embargo, en dicha resolución se señala que “Los Estados independientes árabes y el Régimen Internacional especial para la Ciudad de Jerusalén, establecido en la Parte III de este Plan, empezarán a existir en Palestina, dos meses después de concluida la retirada de las fuerzas armadas de la Potencia Mandataria, pero en ningún caso después del 1º de octubre de 1948. Los límites del Estado árabe, del Estado judío y de la Ciudad de Jerusalén serán los señalados más adelante en las Partes II y III...” Sin embargo, la “potencia mandataria” – una Gran Bretaña que no cumplió el mandato – fue decisiva en el estallido de un conflicto que dura desde aquel entonces.
Teóricamente tal vez hubiese convenido más establecer un Estado Plurinacional clásico, similar a la propia Gran Bretaña en la cual – bajo el nombre de Reino Unido irlandeses del norte, escoceses, galeses e ingleses coexisten pacíficamente, o al Reino de España en donde vascos, catalanes, gallegos, andaluces coexisten sin mayores problemas con los castellanos madrileños, o Bolivia en donde aymaras y quechuas coexisten con la población mestiza o a una Sudáfrica, en dónde – gracias a Nelson Mandela – la población blanca comparte ahora su país con una población negra que gobierna después de liquidar el ominoso apartheid. Sin embargo, aunque un estado multinacional hubiese sido conveniente, ningún estado así – ni tampoco “árabe” o “palestino” – fue creado, solamente el Estado de Israel. Entonces la Organización de Liberación de Palestina (OLP) apareció como respuesta a tal exclusión. Fue hasta mediados de los años noventa que, después de la firma del Acuerdo de Paz entre Yasser Arafat e Isaac Rabin bajo la mediación del presidente Clinton, que la solución de los dos Estados fue oficializada. En consecuencia, es gracias a dicho Acuerdo que se estableció la Autoridad Nacional Palestina tanto en los territorios ocupados de Cisjordania como en la franja de Gaza (aunque en ésta última sea actualmente Hamás quien “gobierna”). En cuanto al acuerdo Arafat/Rabin, desafortunadamente los gobiernos del Likud – en coalición con los grupos diversos de extrema derecha que gobiernan Israel desde principios de siglo y que sustentan la ideología del sionismo favorable a un único y exclusivo “gran Israel” – se han opuesto en la práctica a la solución de los dos estados, haciéndola inviable tanto debido al incremento del número de asentamientos de colonos que ocupan ilegalmente los territorios palestinos de Cisjordania, como por la parálisis de las negociaciones de paz.
De manera que lo primero que habría que constatar es que la resolución de Asamblea General lo que en realidad está haciendo es poniendo presión sobre Washington para que finalmente se reabran tales negociaciones. El veto norteamericano en el Consejo de Seguridad (CS) es el que impide que el Estado palestino se convierta en miembro pleno de Naciones Unidas con derecho a voz y a voto, pues la Autoridad Palestina tiene estatuto de observadora en Naciones Unidas desde hace años. De modo que si el pasado 18 de abril, a propuesta de Argelia, 12 miembros del Consejo votaron a favor del ingreso de Palestina lo lamentable fue el veto de la Casa Blanca lo cual determinó la llevada del caso a la Asamblea General. De forma que los aspavientos de ciertos grupúsculos extremistas aquí son absolutamente ridículos, pues mientras Washington no levante su veto la Autoridad Palestina no podrá actuar como miembro pleno de Naciones Unidas y aparte del hecho – altamente significativo en diplomacia – que el voto favorable de Guatemala se unió a la posición de América Latina en su conjunto (sólo Milei votó en contra) también algunos países miembros de la UE – España, Irlanda, Francia – votaron a favor lo cual evidencia que por fin hemos adoptado una decisión de política exterior correcta, sumándonos a la mayoría y alejándonos del oportunismo del pacto de corruptos que propició el traslado de nuestra embajada a Jerusalén a fin de congraciarse con Trump y poder cancelar la presencia de la CICIG.
En consecuencia, aunque la resolución aprobada por la Asamblea General sea más bien simbólica, la posición adoptada por el presidente Arévalo no solo nos ubica dentro de la mayoría de países del mundo (143 países votaron a favor, 9 en contra y 25 abstenciones) sino que va en la adecuada dirección de poner presión sobre Washington y Tel Aviv para que se reanuden las negociaciones de paz con la Autoridad Palestina, ya que como consta en la declaración de nuestra delegación en Nueva York, Guatemala mantiene: “… La fuerte convicción en la coexistencia pacífica del pueblo israelí y el pueblo palestino basada en la preeminencia del Derecho Internacional para alcanzar una solución pacífica, integral y definitiva de esta controversia” algo que debería facilitar el auspicio de un proceso de paz “…encaminado a promover una paz justa y sostenible en la región con el involucramiento de todas las partes concernidas”.
No obstante, habría que preguntarse por qué – después de condenar sin ambigüedad los atentados terroristas del 7 de octubre del año pasado – Guatemala tomó la decisión de sumarse a la mayoría de países del mundo. Somos de la opinión que, aunque en el texto de la declaración no hay referencia expresa a esto, es indudable que han jugado un papel tanto el informe de Francesca Albanese (“Anatomía de un Genocidio”), Relatora Especial nombrada por el Consejo de Derechos Humanos para investigar lo que está ocurriendo en Gaza, como la unánime decisión de la Corte Internacional de Justicia que, en un fallo a pedido de Sudáfrica, pidió investigar si han ocurrido hechos que podrían calificarse como genocidio dada la abrumadora cantidad de mujeres y niños en las más de 33,000 víctimas civiles desde que se produjeron los atentados del 7 de octubre del año pasado. Creemos que en buena medida esto explica el párrafo de la declaración en que se pide un “…cese al fuego (que) no es antitético a la liberación de los rehenes sino una medida necesaria para garantizar, tanto la seguridad como la protección de los derechos de los palestinos” añadiendo que “es momento para retomar las sendas de una solución política, no militar”. Aunque nos parece que también hubiese sido conveniente mencionar la resolución que el propio Consejo de Seguridad aprobó recientemente – gracias a la abstención de Washington – pidiendo un cese del fuego, algo que sigue siendo ignorado por el gobierno de Netanyahu, hay que reconocer que la posición de Guatemala es absolutamente correcta y acertada.
En última instancia lo que aquí está en juego no solo son las negociaciones de paz en el marco de lo que, correctamente debería ser denominado un Conflicto Armado interno (ver los protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra del año 49) pues tanto Cisjordania como Gaza están ocupados por tropas israelíes (y la autoridad palestina es solo simbólicamente tal) sino que el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario exige evitar que se cometan crímenes de guerra y prevenir el genocidio. Obviamente, el gobierno de Israel tiene todo el derecho de liberar a los rehenes y capturar a los responsables de los hechos terroristas del 7 de octubre del 2023 sometiéndolos al debido proceso, lo que no puede seguir haciendo es atacando a la población civil y sometiéndola a las execrables condiciones de sufrimiento, hambre, destrucción y muerte de las que el mundo entero es testigo gracias a las imágenes que diariamente recibimos por los medios de comunicación y que ya han despertado masivas protestas estudiantiles tanto en Estados Unidos como en Europa. Además, es indispensable que el gobierno de Israel permita el funcionamiento de la UNRWA y se garantice el acceso a la ayuda humanitaria deteniendo los ataques al personal humanitario de las agencias de Naciones Unidas. Es para poner fin a estas atrocidades masivas que se debe exigir el cumplimiento de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad que demanda el cese de las hostilidades. Y también que debe seguirse presionando a Estados Unidos para que levante su veto y permita que la Autoridad Palestina se haga miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Tal vez entonces se podría iniciar un proceso de paz en el cual la organización mundial desempeñe un papel mediador. Como ha dicho el conocido intelectual e historiador Yuval Noah Harari – autor de Sapiens y de Homo Deus – “Si no cambiamos nuestra política hacia los palestinos nos quedaremos solos frente a Irán y nuestro fin será como el de Sansón, quien en un ataque de ira impotente derribó la casa sobre las cabezas de todos”.
