Ayer el Ministerio Público convocó a una “conferencia de prensa” en la que la Fiscal General mostró la tremenda cólera que tiene contra Bernardo Arévalo, cosa que sabemos todos desde la noche de la primera vuelta cuando el resultado puso en marcha a la maquinaria para iniciar procesos con el descarado fin de impedir que él asumiera la Presidencia de la República. En un tono verdaderamente agrio, Consuelo Porras pasó al ataque luego de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo para modificar la norma que regula las causas para su remoción.
El tema fundamental, sin embargo, sigue siendo la enconada protección que el Ministerio Público brinda a los expresidentes Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y a quien fue el poder tras el trono de éste, Miguel Martínez, figuras que no aparecen en ninguna de las investigaciones que se realizan pese a los niveles de corrupción que se desbocaron en ambos períodos. Al ser preguntada directamente sobre si se investigarían actos de corrupción de esa peculiar pareja, respondió que si La Hora tiene alguna denuncia, allí nos espera.
Se ha cuestionado seriamente el “doctorado” de la Fiscal General, pero al afirmar ayer que si no denunciamos incurrimos en el delito de omisión de denuncia, Consuelo Porras hace que hasta se pueda dudar de su “licenciatura” porque muestra su tremendo desconocimiento de la ley. Incurre en ese delito “el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito CUANDO ESTÉ OBLIGADO A HACERLO POR SU PROFESIÓN O EMPLEO”, según el artículo 407 del Código Penal.
Hemos publicado varios indicios que debieran servir para iniciar investigaciones, citando los contratos con las empresas favoritas de Martínez y señalamos la forma en que se desmantelaron casos como el de la Alfombra Rusa. No hay ley alguna que imponga a los periodistas esa obligación que señala de manera clara y categórica el Código Penal, pero ya sabemos que en las actuales condiciones la letra y el espíritu de la ley son objeto de manoseos, tanto para proteger a quienes nombraron a la fiscal, como para enjuiciar a quienes cuestionan el modelo de corrupción existente. Si el periodista publica hechos, pero se le obliga a ir a denunciar al Ministerio Público, simple y sencillamente se acabaría el oficio y no habría ya ninguna investigación periodística.
No fue casualidad la entusiasta reacción de Miguel Martínez publicando en redes sociales “Yo Sí Tengo Fiscal General” porque, en efecto, para él Consuelo Porras sí funciona a pedir de boca y está cumpliendo al pie de la letra con los acuerdos que se hicieron antes de ser nombrada para un segundo período.
Otro detalle importante fue la afirmación de Porras en el sentido de que no recibe órdenes ni en inglés ni español. Sin embargo, alguien le tradujo la carta que firmaron 11 de los 523 miembros del Congreso, pero, lo más importante, como publicó La Hora, durante el gobierno de Giammattei llegó también 11 veces a la Casa Presidencial y quien conozca a ese expresidente sabrá que él no platica sino simple y sencillamente da órdenes.
Cuando se piensa con el hígado y no con el cerebro, obligadamente se incurre en errores.
