A Jose Rubén Zamora Marroquín, preso político y defensor de la libertad de prensa.
El pasado 3 de mayo se conmemoró el día internacional de la libertad de prensa, en el marco de una coyuntura geopolítica en la que la democracia se reduce y debilita, y en la que las guerras proliferan en distintas regiones del orbe, llegando incluso al genocidio, como en Gaza.
Quienes defendemos la libertad y la democracia sabemos que a través de la libertad de expresión se manifiestan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”.
En Guatemala, el ejercicio del periodismo bajo asedio es una práctica común, como se demostró en el informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), divulgado en enero del año pasado, el cual consigna que durante el período de gobierno de Giammattei, se registraron 404 agresiones contra la prensa: 149 en 2020, 135 en 2021, 117 en 2022 y 3 durante las primeras dos semanas del 2023. Así, el anterior gobierno acumuló la mayor cantidad de agresiones, ataques, hostigamientos y censura contra la prensa.
Igualmente grave es que la Asociación de Periodistas de Guatemala, con 77 años de trayectoria, sindicara al Organismo Judicial (OJ) y al Ministerio Público (MP) de impulsar una política de terror judicial en contra de la prensa, obedeciendo al gobierno, en el informe el “Estado de Situación sobre la Libertad de Expresión 2022”.
Retomando el dato que aportó el colectivo de periodistas #NoNosCallarán, el informe de la APG destaca que aproximadamente treinta periodistas y comunicadores tuvieron que abandonar el país de manera forzada, durante el periodo de gobierno de Alejandro Giammattei, 11 de los cuales salieron en marzo de 2023, ya iniciado el periodo electoral.
También se menciona el injusto y arbitrario encarcelamiento de Jose Rubén Zamora, quien fuera condenado a seis años de prisión fruto de un proceso judicial absolutamente viciado.
En diciembre de 2023, Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE), presentó su informe anual para la libertad de expresión, señalando que: “En 2023, la Relatoría Especial ha observado un notable deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala, que está vinculado con el proceso electoral que se desarrolla en el país. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado actos de violencia de forma reiterada, además de la instrumentalización de los mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas. Este año, la CIDH y su Relatoría manifestaron su grave preocupación por la condena del presidente y fundador de El Periódico, Jose Rubén Zamora, a 6 años de prisión por lavado de dinero, y llamaron al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, y a abstenerse de utilizar el poder punitivo para amedrentar a personas que se manifiestan de forma crítica al Gobierno.
En 2023, también se registraron atentados armados, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones contra periodistas. En particular, se reporta una situación de vulnerabilidad y un clima de persecución en los territorios alejados de la capital, donde la problemática de la violencia contra la prensa está arraigada a intereses políticos y económicos, y al asentamiento de industrias mineras con mucho poder.
Asimismo, la RELE ha continuado recibiendo información sobre ataques en línea contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras que participan del debate público, a través de los llamados “netcenters”, cuentas anónimas que han sido utilizadas para desacreditar la labor de personas que denuncian corrupción. En este contexto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha ubicado al país en la zona de “alto riesgo” para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en América Latina en su Índice de Chapultepec.
Finalmente, en materia de radiodifusión comunitaria, persisten desafíos vinculados principalmente con la falta de un marco normativo adecuado que garantice de forma plena y efectiva el derecho a la libertad de expresión de pueblos indígenas en Guatemala.
Así pues, en Guatemala la libertad de expresión y de prensa es una materia pendiente, que requiere de un decisivo impulso ciudadano para consolidarse, en esta nueva coyuntura en la que la democracia debe ampliarse, llevando sus beneficios políticos, culturales y materiales a todos los rincones del país.
A los ciudadanos y a los periodistas nos corresponde emular el ejemplo de Jose Rubén Zamora quien, desde la cárcel, escribió en su última columna editorial: “No obstante la fatiga, las severas condiciones adversas, la humillación y el escarnio, no cesaré en mi lucha por la libertad y la democracia en Guatemala”.
