La justicia tiene que ser independiente para tener legitimidad. Sin esa independencia la democracia es imposible.
El gobierno de Bernardo Arévalo ha llegado a un punto crítico donde tiene que definirse en el dilema que enfrenta. Su vocación demócrata republicana lo ha llevado a un posicionamiento continuo desde que asumió la Presidencia de respetar la legalidad y la justicia. Pero ahora enfrenta un momento en el cual tiene que definirse en el camino a seguir para que prevalezca la democracia en el país. Y ese camino es el ejercicio del poder político que ostenta, el cual empieza a desgastarse ante la convivencia que ha tenido con una legalidad ilegítima y una justicia cooptadas.
En principio, el tema crucial a resolver en dicho camino es la destitución de la Fiscal General. Si no lo hace se habrán frustrado las principales expectativas de los actores sociales gracias a los cuales Bernardo Arévalo pudo tomar posesión como Presidente. Obviamente, me refiero a los pueblos indígenas, liderados por sus autoridades ancestrales. Pero no solo ellos se sentirán frustrados; la ciudadanía que en la segunda vuelta votó por él, se habrá de sentir igual.
Entiendo que la Fiscal General es solo la punta de un iceberg donde subyace la cooptación de la justicia en general. Pero Consuelo Porras debe salir del Ministerio Público, a la mayor brevedad posible.
Por lo anteriormente referido, creo que la consulta popular para remover a la Fiscal General planteada por el Presidente es, en esencia, una acción política. Puede haber una extendida discusión jurídica al respecto y siempre habrá argumentos en uno u otro sentido. Pero lo que Bernardo Arévalo necesita es la legitimidad popular para tomar y ejecutar una decisión política, destituir a Consuelo Porras. El asidero legal de esta decisión está en la Constitución Política, no en el debate leguleyo que al respecto se produce.
Un Ministerio Público, con todas las acciones malévolas que ha ejecutado, es un ente que ha pretendido destruir la piedra angular de la democracia liberal, el respeto a la voluntad ciudadana expresada libremente en las elecciones. Por eso, la intención presidencial de hacer la consulta popular y la querella que han presentado los diputados encabezados por Samuel Pérez en contra de los peones de esa estrategia golpista (Curruchiche y adláteres), son acciones trascendentales.
La primera, que seguramente sería respondida masivamente con el SI, empoderará al Presidente para ejercer su facultad constitucional de destituir a Consuelo Porras. Si las cortes la entorpecen, esa conducta debería ser el sustento de la legitimidad para, de todos modos, destituir a Consuelo Porras, respaldado por la movilización social. La segunda acción, la querella de los diputados de Semilla, es la última oportunidad para que la justicia puede iniciar un proceso de recuperación de la legitimidad perdida.
Creo que el Ejecutivo y los diputados de Semilla se han lanzado al agua. La comunicación social ahora resulta fundamental. La gente tiene que estar informada de este proceso de rescate de la democracia por la vía de la política, derrotando su judicialización, ejercida por una institucionalidad pervertida por su cooptación, lograda por las redes político criminales.
Es la hora de esta lucha. Bernardo Arévalo mostró mesura y compromiso con su visión republicana y democrática sobre el Estado. Ahora le toca ejercer el poder político que ha alcanzado, aun con las limitaciones que existen, para rescatar la democracia.
Sin la destitución de la Fiscal General no habrá democracia en este país.
