Politización, negocios opacos, malversación de fondos, auditorías maquilladas: la corrupción en la industria petrolera de Venezuela es un monstruo que ha devorado miles de millones de dólares en los últimos 20 años.
La imagen del exministro de Petróleo Tareck El Aissami esposado es el ejemplo más reciente de la corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA): el desvío de ingresos por la venta de crudo a través de criptoactivos, en un fallido mecanismo ideado para eludir sanciones de Estados Unidos.
El desfalco en este caso alcanza casi los 17.000 millones de dólares, estima la ONG Transparencia Venezuela, y ya hay unos 60 detenidos, incluido El Aissami, cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, de quien llegó a ser vicepresidente, y de su antecesor, Hugo Chávez (1999-2013).
No es un caso aislado. Rafael Ramírez, ministro de Petróleo entre 2002 y 2014 y expresidente de PDVSA de 2004 a 2014, está prófugo en Italia, mientras que Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quienes también ostentaron estos dos cargos, fueron arrestados. Martínez murió en prisión.
Maduro designó a El Aissami ministro de Petróleo en 2020 para «reestructurar» PDVSA y limpiarla tras las acusaciones contra Ramírez, pero acabó detenido por una de las 31 investigaciones vinculadas con la industria petrolera que cursan en Fiscalía desde 2017 por las que ya se han efectuados 308 arrestos.
La producción venezolana de petróleo, que sobrepasaba los 3 millones de barriles diarios hace 15 años, se ha ido desplomando hasta los cerca 800.000 actuales.
«Lamentablemente PDVSA fue durante mucho tiempo la madre de la corrupción, porque era el único ente en el país que generaba divisas y generaba muchos dólares… era la gran exportadora», dice a la AFP Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
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IMPLACABLES
Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo junto a Sudán del Sur, Siria y Somalia, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.
La corrupción en PDVSA ha sido omnipresente: desde el robo de televisores, computadoras e incluso tomar vehículos oficiales para paseos hasta coimas millonarias y contratos inflados.
Maduro, que aspira a ser reelegido el 28 de julio, ha propuesto reformar la Constitución para elevar la pena máxima de cárcel de 30 años a cadena perpetua, y aplicarla a los delitos de corrupción. «¡Tenemos que ser implacables, caiga quien caiga!», expresó tras el arresto de El Aissami.
Pedro Tellechea, al frente de PDVSA desde enero de 2023 y ministro de Petróleo tras la renuncia de El Aissami, afirma que uno de los pilares de su gestión es «sanear» la industria con auditorías e incluso cámaras para monitorear negociaciones de crudo.
«No se pide dinero» a empresarios y «todas las desviaciones que podamos encontrar en una auditoría pasan al Ministerio Público directo», se felicitó en un encuentro con periodistas.
DINERO «PERDIDO»
SaTransparencia Venezuela apunta que al menos unos 16.960 millones fueron desfalcados entre 2020 y marzo de 2023 en PDVSA. El monto, según De Freitas, equivale a tres veces lo necesario para acabar los crónicos problemas eléctricos del país, reflejados en severos racionamientos.
Los tentáculos de la corrupción en Venezuela se extienden a al menos 29 países con 164 casos abiertos desde 2004 «por hechos de presunta corrupción u otros delitos de crimen organizado que involucran a altos funcionarios públicos», buena parte de estos asociados con PDVSA, indicó la ONG.
«Solo la mitad de esos casos suman 68.000 millones de dólares, y digo la mitad de esos casos porque no tenemos acceso a todos los expedientes», apunta De Freitas. «Aquí no se rindió cuentas y se sigue sin rendir cuentas».
Es, añade, «dinero que está prácticamente perdido, hay muy pocas posibilidades de recuperarlo».
El propio Maduro admitió que «se recuperó parte del patrimonio» robado, pero no «el grueso».
La corrupción en PDVSA fue silenciada durante años. Trabajadores y sindicalistas que se atrevieron a denunciarla fueron encarcelados, varios durante la gestión de El Aissami.
Un extrabajador de la industria, que pidió anonimato, recuerda derroches en la era de Ramírez como el alquiler de 60 habitaciones en tres hoteles diferentes «por seguridad», para descartar luego 40. Todas gozaban de «atenciones» como flores, frutos secos, vino, agua gasificada y hasta colchones especiales.
Ramírez, relata esta fuente, en una ocasión mandó a buscar en helicóptero un almuerzo típico en una zona indígena de Zulia (oeste).
«Hemos tomado diferentes medidas», dice Tellechea. «Nos falta muchísimo».
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