Una ola de críticas se han publicado en redes sociales a raíz del pedido de información que hizo el Ministerio Público (MP) acerca de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), en el contexto de las investigaciones que se realizan por la compra de las vacunas rusas Sputnik V.
Los comentarios se centran en que el contrato de las vacunas rusas se firmó después de que el expresidente Alejandro Giammattei disolviera a la referida comisión.
Precisamente, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó a la Secretaría General de la Presidencia (SGP) información sobre la creación de la Coprecovid, así como del nombramiento de Asturias y del personal que la integró.
Hasta ahora solo se sabe que la petición está relacionada con la compra de los fármacos rusos, pero se desconoce qué tiene que ver una comisión que ya había desaparecido cuando se hizo el negocio.
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CREACIÓN Y DISOLUCIÓN
La Coprecovid nació el 24 de mayo de 2020, a través del acuerdo gubernativo 65-2020. Fue dirigida por el médico Edwin Asturias, pero que también integraron los entonces ministros de Salud, Finanzas, Trabajo, Desarrollo Social y Agricultura, así como el secretario General de Planificación de la Presidencia.
Sin embargo, siete meses después, Giammattei decidió disolverla. Dicho extremo se concretó con el acuerdo gubernativo 241-2020, y dejó de existir el 31 de diciembre de ese año.
OTRAS PETICIONES
La FECI también pidió el nombramiento del excanciller Pedro Brolo, no obstante, esto podría tener relación con las investigaciones si se toma en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) tuvo contacto directo y primario con funcionarios rusos durante las negociaciones de los biológicos.
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La compra de los inmunológicos vendría más tarde. El 12 de enero de 2021, el Congreso aprobó el decreto 1-2021 para la compra de vacunas. Con este instrumento legal se autorizaba un financiamiento de Q1 mil 500 millones para una compra que estaría «bajo la estricta supervisión de las autoridades superiores».
El acuerdo de confidencialidad entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Fondo Ruso de Inversión y Desarrollo se firmó el 4 de febrero de 2021. Esta cláusula, principal característica por la cual se señaló al contrato de ser opaco, fue una condición rusa para proveer del fármaco a Guatemala.
El contrato, finalmente, fue firmado por el Ministerio de Salud y la compañía Human Vaccine el 30 de marzo de 2021.
De esa cuenta, el Gobierno encabezado por Giammattei le pagó a dicha entidad rusa Q614 millones para la compra de ocho millones de vacunas, las cuales, pese al desembolso anticipado, vinieron a cuentagotas al país cuando era azotado por la cepa delta, que causó miles de muertos.
En ese sentido, Asturias, que había dejado de trabajar para la Coprecovid el 1 de enero de 2021, pidió en sus redes sociales declarar lesivo el contrato si Rusia no era capaz de asegurar la entrega y calidad de las vacunas. «La seguridad de la vacuna es clave para la población, y Covax y otros ofrecen vacunas probadas», escribió en su cuenta de X.
Si #Rusia no puede asegurar la entrega ni la calidad de la @sputnikvaccine para #Guatemala, el @GuatemalaGob debe declarar el contrato nulo o lesivo. La seguridad de la #VacunaCOVID19 es clave para la población y #COVAX y otros ofrecen vacunas probadas. https://t.co/krAZBlY9iL
— Dr. Edwin Asturias (@easturia) April 29, 2021
La organización Acción Ciudadana (AI) presentó una denuncia por el proceso de compra; sin embargo, hasta la fecha se desconoce si hay avances.
Más de tres años han pasado desde que se disolvió la Coprecovid, y es hasta ahora que la FECI reaccionó pidiendo información de dicha unidad, pese a que esta ya no existía cuando se firmó el contrato.
Cabe destacar que el pasado jueves 4 de abril, el actual ministro de Salud, Oscar Cordón, y el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, denunciaron a las anteriores autoridades de Salud por posibles irregularidades en la compra, con la intención de que se resuelva la situación de manera penal.
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