La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) denunció ante el Organismo Judicial (OJ) a la exministra de Salud, Amelia Flores, por la firma del contrato de las vacunas contra el COVID-19 de origen ruso, Sputnik V, con la entidad Human Vaccine LLC.
El Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, explicó que la contratación de este fármaco se hizo de manera ilegal, ya que no se cumplió con las condiciones y aspectos que estipula la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus COVID-19, Decreto 1-2021, aprobado por el Congreso de la República.
El Procurador señaló que la ministra posiblemente cometió los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
📌 Gobierno denuncia a exministra de Salud por contrato de vacunas.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 5, 2024
NO SE COMPRARON LAS VACUNAS A UN FABRICANTE
En una conferencia de prensa, acompañado del Presidente Bernardo Arévalo, Saavedra detalló los aspectos que obliga la Ley que no se cumplieron en dicha contratación.
“La compra y la adquisición de las vacunas debía hacerse directamente con el fabricante. Esto no ocurrió, ya que se hizo con un tercero, con una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que no es el fabricante, adicionalmente la contratación se hizo con una serie de condiciones y de aspectos que son total y absolutamente contrarios a los intereses del Estado”, declaró.
“También se hizo esta contratación con una opacidad e invocando una supuesta cláusula de confidencialidad, que a través de un decreto posterior a la suscripción del contrato le dio el aval, es decir, en el momento en el que se firmó el contrato 30 de marzo de 2021, esa disposición que facultaba para contratar con confidencialidad no estaba vigente, ocultando y evitando así la auditoría social que la propia ley, a través del artículo 4 del Decreto 1-2021 garantiza”, indicó el PGN.
Saavedra agregó que el contrato con Human Vaccine LLC es corrupta y opaca, que debe ser investigada por el Ministerio Público (MP).
El Procurador enfatizó que las vacunas debían adquirirse directamente con el fabricante. Sin embargo, se hizo con Human Vaccine LLC, que no es productor ni fabricante de las vacunas.
“Dentro de su objeto social y dentro de su giro comercial no está la fabricación de vacunas, esto vulnera flagrantemente lo establecido en el artículo 4 de la referida Ley”, añadió.
Asimismo, dijo que durante la contratación no se corroboró quién estaba firmando (por Human Vaccine LLC) y toda la legalidad de esa representación que se estaba ejerciendo, simple y sencillamente se tomó por bueno y por válido un documento, sin formar un expediente, sin una revisión jurídica, sin un dictamen, sin la formalidad que todo acto de un funcionario público reclama.
Además, el contrato fue firmado y fue otorgado en un idioma distinto al idioma oficial, que de acuerdo con la legislación guatemalteca, el artículo 11 del de la Ley del Organismo Judicial, debía celebrarse y firmarse en idioma español.
“Fue totalmente ilegal firmarlo en un idioma inglés sin que estuvieran en simultáneo una firma del contrato en español, se hizo exclusivamente en inglés y posteriormente vino en una traducción”, expresó el PGN.
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PAGO DE REGALÍA A HUMAN VACCINE LLC
“Lo más grave de todo es que en traición directa a los intereses del Estado, se negociaron condiciones que son totalmente desfavorables para el Estado de Guatemala, se aceptó por válidas todas las condiciones que le fueron impuestas al Ministerio de Salud”, manifestó.
Adicionalmente, se incluyó dentro del contrato que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Salud, debía pagar regalías para Human Vaccine LLC.
“Este es un pago que resulta total y absolutamente ilegal, y además de ser ilegal, consideramos que es constitutivo de delito, podría ser y estamos convencidos de que es peculado. No puede aceptarse el pagar por algo que no se está percibiendo”, enfatizó.
Otro aspecto ilegal dentro de la contratación, es que se fijó como límite, en el caso de que el Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Salud, quisiera reclamar por un incumplimiento contractual a la entidad que le estaba vendiendo las vacunas, solo podía exigir una indemnización límite de 100 mil dólares.
“De los 614 millones de quetzales pagados, Guatemala solo podía exigir 100 mil dólares como indemnización”, afirmó Saavedra.
El Procurador también mencionó que el contrato incluye una cláusula compromisoria, “es decir, el sometimiento de las partes al conocimiento de la jurisdicción y al conocimiento de un tribunal de arbitraje en Singapur, para dirimir cualquier controversia derivada del contrato de adquisición y suministro de las vacunas”. Lo cual es ilegal, ya que cuando se firmó el contrato, el Congreso no había autorizado tal aspecto.
LAS VACUNAS NO ESTABAN AUTORIZADAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
Saavedra señaló de ilegal una cláusula y una obligación de confidencialidad que se incluyó en el contrato.
“Esta disposición de confidencialidad no se justifica, porque todos los actos de la administración pública son fundamentalmente públicos, las democracias se fortalecen en la medida en la que los actos de los funcionarios públicos son públicos, y se permite una auditoría social, esta disposición no es legal y para lo que sirvió fue para ocultar y mantener en la opacidad toda la serie de ilegalidades que contenían y que contienen ese contrato”, subrayó.
“Tampoco se sabe en qué lugar se firmó el contrato, se desconocen dónde firmó el representante de Human Vaccine LLC”, añadió.
Saavedra agregó que al momento que se firmó el contrato, las vacunas no cumplían con los requisitos siguientes:
Que hayan completado la fase 3 de ensayo clínico, bajo la supervisión de una autoridad regulatoria competente y reconocidamente estricta y que demuestre datos preliminares de eficacia y seguridad para la prevención del COVID.
Analistas destacan experiencia de la nueva Ministra de Salud, María Amelia Flores
Que hayan recibido autorización para uso de emergencia por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente.
Que hayan recibido registros sanitarios y de comercialización por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente.
Que hayan recibido precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud.
“Se aceptó y sometió al Estado a aceptar una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales”, puntualizó el PGN.
PGN JUSTIFICA DENUNCIA
A pesar que el contrató se hizo durante el gobierno de Alejandro Giammattei, la denuncia solo va en contra de la exministra de Salud, Amelia Flores. Además, que el exministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, viajó a Rusia por esta contratación.
“Lo que sucede es que dentro del expediente y en los documentos, consta que el contrato lo firmó la doctora Amelia Flores como ministra de Salud Pública y Asistencia Social, ahí no consta que sea un acto autorizado, ordenado o aprobado por el Presidente de la República. Ahí no consta que haya firmado o intervenido el excanciller Pedro Brolo”, justificó el Procurador.
“Sería una enorme irresponsabilidad asumir cuestiones que no constan en los documentos que se tiene a la vista, pero también es una enorme irresponsabilidad el que no se investigue la posible participación de otras personas en esa contratación. Entonces acá lo que debe proceder es el Ministerio Público deberá investigar quiénes son las personas que pudieron haber participado en la celebración de este contrato”, añadió.
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