Tras la notificación que hiciera la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso, respecto a que los actuales magistrados, tanto de la CSJ como de las Salas de Apelaciones, completarán el período para el que fueron electos dentro de seis meses, los jefes de bloque acordaron iniciar el trámite para convocar a las respectivas Comisiones de Postulación. El trabajo de esas comisiones es crucial para el futuro del país porque de ellas depende la posibilidad de rescatar el sistema de justicia para evitar que siga siendo un instrumento de impunidad a favor de quienes cometen graves delitos en perjuicio de la Hacienda Pública.
Sostenemos que es momento de iniciar un amplio proceso de diálogo nacional para articular los acuerdos que nos permitan emprender la ruta para cumplir con el mandato de los guatemaltecos en las urnas, abierta y claramente contrario a toda forma de corrupción. La mayoría de guatemaltecos está en contra de ese persistente robo de los recursos del Estado y reclaman acciones concretas para acabarlo, pero hace falta un gran acuerdo de Nación en cuya articulación tiene que jugar un papel preponderante el gobierno, con el Presidente a la cabeza.
Todos los sectores sociales tienen que ser convocados en algo que sería el inicio de la verdadera lucha contra la corrupción, derivada de la participación de todas las organizaciones honestas de la sociedad guatemalteca, que constituyen mayoría, pero que dispersas y sin un trabajo conjunto no podrán lograr sus objetivos. Y la elección de las Cortes es un primer paso en el que, a falta de los mecanismos de investigación que debieran ser normales, ejecutados por un Ministerio Público comprometido en la lucha contra esa dolosa captura del Estado, los ciudadanos y sus organizaciones tienen que jugar un papel clave de vigilancia y supervisión del papel de los postuladores.
La situación sería distinta si existiera compromiso del Ministerio Público para investigar y procesar a quienes traten de operar para poner, otra vez, a las comisiones de postulación al servicio de la mafia; ya sabemos cómo se mueven esos operadores y también entendemos que no toda la comunidad académica vestirá sus mejores galas para este proceso, por lo que la vigilancia de la sociedad se vuelve indispensable.
No es exagerado afirmar que nos jugamos el todo por el todo en la conformación de las nuevas Cortes porque puede servir para rescatar el Estado de Derecho, pero también puede significar la eterna sepultura del régimen de legalidad en el país. Creemos que el gobierno tiene que convocar a un gran diálogo nacional en el que podamos articular a la sociedad que cree en la honestidad y la decencia, para emprender la ruta de transformación ordenada en las urnas.
