Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Siempre he dicho que la corrupción es un crimen de lesa patria, pero que en países como Guatemala, con las necesidades de nuestro pueblo, robarle al Estado es afectar de manera directa a la gente más necesitada, y que cuando los negocios se hacen con la salud pública, la cosa es mucho más grave porque no sólo restan oportunidades a muchas personas, sino que envían a la tumba a un gran número que perecen por falta de atención e insumos.

Mientras los guatemaltecos que no encuentran oportunidad para desarrollarse en el país tienen que correr enormes riesgos para emigrar y se condenan a vivir discriminados y en buena medida explotados con salarios inferiores a los normales, los que se benefician de la corrupción pueden vivir a cuerpo de rey a cambio de ese perjuicio incalculable para millones de seres humanos que pagan las consecuencias de todos y cada uno de los quetzales que se embolsan los sinvergüenzas. Por años he venido denunciando los negocios con las medicinas que, lejos de amainar, han ido en aumento porque se han sofisticado de una manera realmente perversa mediante el manejo mañoso de licitaciones o contratos abiertos que sirven para el mismo fin: encarecer el precio de los medicamentos para lucro de unos cuantos largos y mantener el desabastecimiento del sistema nacional de salud para forzar a que, bajo la presión de la urgencia, se hagan negocios en los que el precio es pactado entre funcionarios y proveedores para repartirse el moco.

Ayer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público dieron un golpe muy duro al destaparle el juego a uno de los principales actores de los últimos años, el señor Gustavo Alejos quien se encargó de perfeccionar el modelo gracias al poder que tuvo en el gobierno de Colom Caballeros, en el que fue una mezcla mejorada de Monzón y Eco, los personajes que articularon la corrupción en el gobierno de Pérez Molina.

Tengo que decir que con todo y lo positivo que resulta el desmantelamiento de una de las bandas que lucran con la salud del pueblo, la acción lamentablemente llega muchos muertos más tarde de lo que hubiera querido. La acusación es, lógicamente, sólo sobre los negocios que se pudieron probar mediante la investigación realizada a lo largo de varios meses por las autoridades nacionales e internacionales que colaboran en la lucha contra la impunidad, pero ni por asomo debemos suponer que se está destapando toda la olla. Pero siempre pienso que así como Al Capone no cayó preso por toda la gente que mató y todos los crímenes que cometió, por lo menos fue convicto aunque únicamente fuera por evasión fiscal. Lo mismo pienso cuando una mísera parte de los negocios es la que se puede probar contra corruptos que han sabido operar exprimiendo el dinero público. Uno quisiera que cayeran por todos sus crímenes, pero por lo menos que respondan por algo y que eso dé pie para que mediante la extinción de dominio, algo de lo mal habido pueda irse recuperando, sobre todo como ejemplo para los que, en el futuro, quieren convertirse en millonarios dejando que el pueblo muera en su miseria.

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