En países como Australia, toda persona mayor de 18 años está obligada a emitir su voto, caso contrario afrontará el pago de una multa. También es obligatorio en países como México, Bélgica, Argentina, Brasil, Ecuador y Egipto, por mencionar algunos ejemplos. En el caso de Guatemala, los constituyentes optamos por la vía de la democracia participativa, por lo tanto, emitir el sufragio es un derecho facultativo.
Sin embargo, ser muy democráticos ha tenido consecuencias. Por ejemplo, el hecho de no haber impuesto que para ser candidatos debían “estar inscritos en un partido político”; solamente se consideró como requisito “ser inscritos por un partido político”. Otro yerro fue permitir que un candidato a diputado podía representar a un distrito sin que necesariamente fuera vecino del lugar, lo que abre las puertas a políticos que busquen representar a distritos grandes como San Marcos, Quetzaltenango, El Quiché o Petén.
Otro tema que merece análisis es la colegiación obligatoria. Lo hicimos pensando en que todo profesional tiene derecho a ejercer bajo una certificación, es decir, tener un ente que regule el comportamiento de los profesionales colegiados. Hoy, no sabría decir si fue correcto, pero el tema será una columna futura.
Actualmente, desde la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), se trabajan las propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en la que participamos varias organizaciones tales como ASIES, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación Esquipulas, por mencionar dos instancias de prestigio. Una propuesta de reforma es que el empadronamiento esté “agarrado” a la emisión del primer DPI de quienes arriben a los 18 años, que esté obligadamente empadronado, pero no necesariamente obligado a votar.
Lo anterior evitaría las campañas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llamando a empadronarse como consecuencia de la “costumbre” del guatemalteco de dejar todo para último momento; y como todo en Guatemala es engorroso, burocráticamente hablando, prefiere no hacerlo, aunque ello implique no votar. Si el empadronamiento es automático, la tendencia de participación sería más alta.
Pero, más que obligar al empadronamiento, lo que pretendemos es motivar la participación en el quehacer público, especialmente de los jóvenes. La falta de oportunidades obliga a que hombres y mujeres, valiosos para el desarrollo de la patria, opten por la vía de la migración.
Lejos quedaron aquellas aspiraciones infantiles cuando nos preguntaban qué queríamos ser de grandes: policía, bombero, enfermera, maestro, presidente o alcalde. Hoy, esas pretensiones se han borrado de la mente infantil, pues se tiene la percepción de que son corruptos, ladrones, borrachos, pero especialmente, mentirosos. Calificativos dirigidos a políticos y a todo aquel que ejerce una función pública.
NO SE VALE que esa imagen continúe o empeore. Es hora de exigirle al gobierno que cumpla sus promesas de campaña y se apegue a la Constitución Política en cuanto a organizarse para buscar el bien común y el bienestar general. Que respete los derechos fundamentales inherentes a la persona y que motive la participación ciudadana en todo el espectro político.
YA ES HORA de tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; y se debe empezar por rescatar la credibilidad que la clase política ha perdido. Por varios meses hablé de la necesidad del diálogo, de la negociación, de evitar la confrontación, pero lamentablemente el tema sólo interesa a una minoría, el resto se abstiene de participar. La política cambiará únicamente si hay más y mejor participación de jóvenes, de mujeres, de indígenas y de todos aquellos que han fijado su interés en la sobrevivencia, entendiendo ésta no sólo como la búsqueda de alimento, sino de seguridad pública, pese a los esfuerzos del ministro Francisco Jiménez.
