Los juristas de la primera Constitución de la Guatemala democrática hicieron un excelente trabajo al concebir a la Universidad Nacional como «una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales». Esta excelente definición se dio a mediados del siglo pasado cuando las universidades apenas empezaban a democratizarse en el mundo. En sí, la concepción de universidad de los revolucionarios es pertinente. Sin embargo, a este Artículo constitucional nunca se le dio seguimiento para conceptualizar qué es educación superior del Estado.
A mediados del siglo pasado, 1950, solamente existían universidades y aún no se había diferenciado la educación terciaria con claridad de la educación universitaria. Entonces, en plena Guerra Fría, las universidades norteamericanas iniciaron un intenso programa de investigación científica y tecnológica, mucho de este trabajo se dio bajo el patrocinio del Estado construyendo la noción de Universidad Investigadora (research university) la que ha tenido un enorme efecto en la producción científica mundial, pero también fueron centros elitistas en la selección de alumnos. De a poco, las universidades norteamericanas condicionaron la producción científica para permanecer en la cátedra universitaria. Pero la oferta de universidades era poca para satisfacer la enorme demanda de los soldados retornados de las guerras norteamericanas de mediados del siglo pasado a quienes se les incorporaba en un programa universitario. Se consolida entonces el Community College, una oferta de educación terciaria, educación superior, que ha sido clave en la construcción de capacidades para la nueva demanda de empleos tecnológicos.
Las universidades guatemaltecas emergen luego de la creación de la universidad revolucionaria de 1944. Estas universidades privadas han sido conceptualizadas con funciones públicas. Todas estas universidades privadas han copiado, de alguna forma o de otra, la estructura académica de la San Carlos. Este proceso evolutivo de universidades sin control real de nadie ha producido dos graves problemas: Ausencia de investigación científica, exceptuando ciertos investigadores, usualmente formados en el extranjero, y otra ausencia de programas de educación terciaria no universitaria. En efecto, la oferta universitaria no ha respondido realmente a las verdaderas demandas de las transformaciones económicas, políticas y culturales de las últimas décadas.
Las universidades guatemaltecas, en general, tienen enormes problemas de calidad y equidad, pero la Universidad Nacional, la de San Carlos es por mucho una institución deficiente a juzgar por todos los indicadores de calidad y equidad. En términos de calidad, la oferta académica es tradicional, esto es, programas para las profesiones liberales, tales como derecho, economía, medicina e ingeniería, entre otros. Estos programas tienen un currículo obsoleto y pocas licenciaturas se han modernizado. Son programas repetitivos, como la docencia que los sustenta, donde la poca investigación que se produce no impacta. La eficiencia terminal es un desastre. Hay programas, como derecho, que apenas tienen el 4% de eficiencia terminal, esto es, de cada cien que ingresan, apenas 4 se gradúan en el tiempo que lo estipula el currículo. En términos de equidad, apenas el 10% de los que hacen los exámenes de admisión ingresan. Esta es una institución con gravísimos problemas en donde los recursos del Estado se despilfarran porque la misma universidad que debería estudiar y resolver estos problemas, no lo hace.
Estos problemas de ineficiencia, de poca calidad y equidad no van a cambiar porque la institución recibe un presupuesto, independientemente si es o no eficiente. Ahora el problema se complica con el agregado de la Constitución de 1986, cuando las universidades, pero con mayor énfasis la de San Carlos, forma parte de comisiones de postulación de altas cortes del país. ¡Este fue el acabose! Los rectores en lugar de dirigir, mejorar, transformar la vida académica de la Universidad Nacional se dedican a hacer trabajo político, y como en el caso del último rector autoimpuesto, tienen alianza con todos los grupos obscuros que sostienen la corrupción, de tal forma que se convierte en un operador político para sostener la corrupción y asegurar impunidad. A ese tipo de universidad no la necesitamos.
La nueva democracia guatemalteca, esta que empezamos a construir, esta que logran los pueblos indígenas, como los 48 Cantones, y los movimientos urbanos, como la Bethania, demanda, exigen un replanteamiento de las universidades, la creación de un sistema de educación superior y la creación de programas mucho más pertinentes, que sean el producto de estudios reales de necesidades reales y no inventos de escritorio. Urge replantear la oferta de programas cortos, de uno o dos años de educación terciaria encaminados a resolver problemas sociales. Ya no podemos seguir con licenciaturas eternas, en donde lo que reciben los alumnos es obstáculo tras obstáculo proveniente de un sistema elitista, clasista y oportunista. La nueva democracia requiere que emerjan programas de investigación científica que sean reales y no la cueva de burócratas que se tragan el poco presupuesto para investigación, como pasa en el Consejo de Ciencia y Tecnología, CONCYT. La nueva democracia que construimos requiere de universidades que apoyen el desarrollo, que sean parte de un sistema de educación superior y no centros de ineficiencia y corrupción, como es el caso de quien dirige la San Carlos, el pseudo rector Walter Mazariegos.
