La resolución 2728 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 25 de marzo de 2024, exigió un alto al fuego inmediato de la guerra de Israel en Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, seguido de un alto al fuego sostenible y duradero. Asimismo, exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, y garantizar el acceso humanitario para abordar sus necesidades médicas y humanitarias.
La resolución 2728 recibió 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de los Estados Unidos, siendo la primera vez que el Consejo de Seguridad (CS) logró aprobar una resolución exigiendo un alto al fuego desde el inicio de las hostilidades, tras el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, agradeció a los miembros por agregar algunas de las solicitudes, pero también afirmó que la falta de condena a Hamás significaba que no podían respaldar la resolución, por lo que el país del norte se abstuvo.
Por su parte, Hamás celebró la resolución, declarando que estaban listos «para participar en un proceso inmediato de intercambio de prisioneros que conduzca a la liberación de prisioneros en ambos lados». Riyad Mansour, observador permanente palestino en la ONU, dio la bienvenida a la resolución mientras pedía su aplicación.
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, celebró que se haya aprobado la resolución. Señaló que se exige «un alto el fuego inmediato», recordó que la medida «era esperada desde hace mucho tiempo» por lo que pidió su implementación sin demora y dijo que «sería imperdonable fracasar al aplicarlo».
Esta demanda de alto al fuego da un respiro a esta sufrida región, en la que según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 32,000 palestinos han perdido la vida durante los combates. El citado Ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan dos tercios de los muertos.
La población gazatí también enfrenta una grave emergencia humanitaria, como advirtió el 18 de marzo una autoridad internacional sobre el hambre, con un informe que alertaba que «la hambruna es inminente» en el norte de Gaza, y que la escalada de la guerra podría llevar a la mitad de los 2,3 millones de habitantes del territorio al borde de la hambruna.
Con 107 años, este es uno de los conflictos más antiguos de la humanidad, que dio inicio con la Declaración Balfour del Reino Unido, que prometió “un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina”, un territorio que los palestinos consideran como propio. En 1922, la Sociedad de Naciones concede al Reino Unido el mandato sobre el antiguo territorio otomano de Palestina. Entre 1936 y 1939 se dan las primeras rebeliones palestinas contra el mandato británico y la inmigración judía.
En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de la partición de Palestina en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío. Sin embargo, la situación en Palestina se ha deteriorado hasta convertirse en una guerra civil entre árabes y judíos. El primero rechazó el Plan de Partición, mientras que el segundo declaró la independencia del Estado de Israel en mayo de 1948.
Los países árabes cercanos atacaron inmediatamente a Israel, que sin embargo prevaleció en la Guerra árabe-israelí de 1948. Gracias a su victoria, Israel invadió mucho más territorio del previsto en el Plan de Partición de la ONU. En lo que se conoce como la Nakba («catástrofe»), 700,000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, mientras que una ola de refugiados judíos de países árabes llegó a Israel. Desde entonces no cesa una historia de guerras, conflictos y confrontaciones, onerosa para ambas partes, pero mayoritariamente costosa para el Pueblo palestino.
El ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre del año pasado, dio pie a una retaliación militar de gran envergadura, calificada por muchos países, organizaciones y personalidades como genocidio.
Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, declaró el martes pasado, durante la presentación de su informe Anatomía de un genocidio: “Cuando la intención genocida es tan conspicua, tan ostentosa, como lo es en Gaza, no podemos apartar la vista, debemos hacer frente al genocidio; debemos prevenirlo y debemos castigarlo”.
Durante la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese dijo que considera que hay «motivos razonables» para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza.
«En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo», declaró.
La experta señaló que “una minoría de poderosos Estados miembros”, en lugar de detener su impulso, “ha prestado apoyo militar, económico y político a la atrocidad, agravando la devastación que ha provocado en los palestinos”.
En este contexto, Albanese pidió a los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones e impongan un embargo de armas y sanciones a Israel. Afirmó que negar la realidad y mantener la impunidad y el excepcionalismo de Israel ya no es viable, especialmente a la luz de la resolución vinculante del Consejo de Seguridad, adoptada este lunes, que pide un alto el fuego inmediato en Gaza.
Además de matar a más de 30.000 palestinos, entre ellos 13.000 niños, las fuerzas israelíes utilizaron «un arsenal apocalíptico» en uno de los lugares más densamente poblados del planeta.
“Al estirar deliberadamente las definiciones de escudos humanos, órdenes de evacuación, zonas seguras, daños colaterales y protección médica, Israel ha utilizado sus funciones protectoras como camuflaje humanitario con el efecto de ocultar pautas de conducta, de las que la única inferencia que puede extraerse razonablemente es una política estatal de violencia genocida contra los palestinos”, dijo Albanese.
Con la Corte Internacional de Justicia a punto de deliberar y el Tribunal Penal Internacional a punto de llevar a cabo una investigación, consideró que era su responsabilidad recordar al Consejo de Derechos Humanos que ha llegado el momento de que los Estados actúen. «El momento de que los Estados actuaran era entonces, y como no lo hicieron, ese momento es ahora”.
