Hemos dicho claramente que el mayor problema de Guatemala en la actualidad es la captura del sistema de justicia que ha servido para fines tan perversos como la impunidad de los operarios de la corrupción que han saqueado al país y la persecución de quienes critican o cuestionan el proceder de autoridades implicadas en esa captura. En ese contexto tenemos que ver que el día de ayer fue de contrastes, puesto que mientras la FECI logra con toda facilidad que el juez Fredy Orellana persista en la intención de anular las elecciones del año pasado, la Sala Tercera de Apelaciones rechazó la impugnación de la fiscalía de Curruchiche en el caso que armó contra periodistas.
En el primer proceso resulta más que obvio que persiste la intención de bajarse el resultado electoral y para ello ahora fijan un plazo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que informe sobre las supuestas anomalías que vienen señalando desde junio del año pasado, cuando Arévalo pasó a segunda vuelta y sintieron pasos de animal grande. Es evidente que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad seguirá haciendo lo que pueda para ver cómo descarrila nuestra frágil democracia y que mientras Consuelo Porras esté en el Ministerio Público, no cejarán en el empeño por deslegitimar la presidencia de Bernardo Arévalo, al tiempo que protegen a Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Pero así como disponen de jueces que les resuelven a favor todo lo que piden, se está viendo que crece el número de aquellos administradores de justicia que se les salen del carril y resuelven en contra de los planteamientos de la FECI. En el caso de los periodistas y columnistas de elPeriódico vimos como la Jueza Aurora Gutiérrez interpretó, con toda propiedad, la letra y el espíritu de la Constitución y de la Ley de Emisión del Pensamiento (que tiene rango constitucional) ordenando que el caso fuera conocido por un Tribunal de Imprenta, tal y como lo establece esa norma legal.
Ayer la Sala Tercera de Apelaciones conoció y rechazó la impugnación de la FECI a ese fallo judicial, ratificando que cualquier proceso en contra de los periodistas y columnistas deberá ser conocido por el Tribunal de Imprenta, lo que constituye un rotundo revés para Curruchiche, Porras y Pineda, artífices de persecución. Este caso es relevante porque retoma el rumbo legal en una materia que ha sido manoseada por todos los que se sienten afectados por publicaciones sobre corrupción y plantea un escenario distinto que, sin duda alguna, alienta alguna esperanza de que no todo está podrido.
Poco a poco se empieza a romper la férrea estructura de impunidad y ello permite comprobar que aún quedan funcionarios judiciales que respetan y observan la ley.
