POR SAIRA RAMOS
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La Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) son los entes que deberían iniciar un proceso de investigación en la Dirección General de Migración (DGM), luego que salió a luz que detrás del sistema utilizado para la emisión de pasaportes está el empresario israelí, Uri Roitman, quien también es el representante de la empresa que vendió una fórmula para sanear el lago de Amatitlán.
Diego José Maza, de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES), considera que por lógica de transparencia se debe actuar de inmediato, ya que es sabido que Roitman además de ser el delegado de la firma Técnicas y Sistemas de Seguridad (TSS), representa a M. Tarcic Engineering Ltd., firma que pretendía sanear las aguas del lago de Amatitlán.
A decir del analista, la CGC por este caso debe deducir responsabilidades de tipo civil y administrativas; y el MP investigar nexos y posibles delitos en la DGM, así como en otras entidades, ya que con la información que se dio a conocer ayer, en una citación en el Congreso queda en evidencia que el empresario israelí podría tener otras contrataciones en el Estado.
La analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), Luisa Leiva opinó sobre la misma línea de Maza enfatizando que este hecho muestra como una “estructura criminal funciona en el Estado y coopta los negocios del mismo”, violentando los derechos de los ciudadanos.
La aludida cree que ante lo denunciado, el Ministerio de Gobernación (Mingob), encargado de la DGM debe analizar rescindir el contrato con el cuidado de que haya otra empresa que cubra las necesidades de la población, en este caso que rente el sistema que utiliza Migración para la emisión de pasaportes en el país y en sus sedes a nivel internacional.
Entre tanto, Walter Menchú del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), catalogó el hecho como un caso de conflicto de interés. El experto, igual que Maza y Leiva, ve la necesidad que el MP y CGC inicie un proceso de investigación por la contratación de más de Q8 millones en la Dirección de Migración.
EL CASO
Ayer, durante una citación en el Congreso, se dio a conocer que Uri Roitman, representante de la empresa que vendió la fórmula que supuestamente limpiaría el lago de Amatitlán, también es uno de los representantes legales de TSS que tiene DGM que renta el sistema que se utiliza en la emisión de pasaportes.
La información fue confirmada por el director general de Migración, Carlos Alberto Pac, quien indicó que por este servició la firma que representa Roitman cobra Q900 mil mensuales.
En el portal de Guatecompras, Hugo Rodolfo Roitman Braier –Uri Roitman– figura como uno de los representantes legales de Técnicas y Sistemas de Seguridad, Sociedad Anónima.
Según los registros de Guatecompras, en 2012 esa empresa obtuvo dos contratos con el Estado Q8 millones 616 mil 600 y en 2014 consiguió otros dos contratos por Q1 millón 900 mil 430.23.
