A Joaquín Rodas Andrade, joven dirigente social quezalteco, quien hace 40 años fue capturado y desaparecido por las fuerzas represivas del Estado contrainsurgente.
En las pasadas elecciones, el Pueblo de Guatemala le dio un mandato masivo y claro a Arévalo y Karin, el binomio presidencial ganador: ¡basta de corrupción e impunidad! El nuevo Gobierno está haciendo su trabajo, pero no le ha sido fácil limpiar las instituciones, pues la corrupción es un cáncer que ha hecho una metástasis brutal; para extirparla, es necesario efectuar una reforma profunda del Estado, tratando de instaurar condiciones normativas, políticas y sociales que impidan que el crimen organizado se vuelva a apoderar de nuestra institucionalidad.
Ante tanta corrupción, que agrava el hambre, la exclusión, el racismo, la miseria y la violencia delincuencial, no se pueden aplicar parches; debemos ejercer nuestro poder soberano refundando el Estado, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente –ANC-.
En junio de 2015, en el marco de las jornadas ciudadanas para defenestrar a Otto Pérez y Roxana Baldetti, se constituyó la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE), integrada por todos los sectores sociales e instituciones que estaban empeñadas en construir una salida pacífica, legal y legítima a la crisis política de Guatemala.
Convocada por la Universidad de San Carlos, la PNRE se definió “como una instancia civil plural, incluyente y legítimamente representativa de las universidades, colegios profesionales, centros de investigación, iglesias, Pueblos indígenas, organizaciones gremiales, sector privado organizado, cooperativas, foros sociales, organizaciones estudiantiles, sindicales, de mujeres, de jóvenes, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos y ONGs, que tiene como propósito fundamental alcanzar acuerdos, consensos y propuestas para promover la reforma profunda del Estado”.
Todos los sectores sociales, instituciones y Pueblos indígenas –PI- convocados (232) aceptaron integrarse a la PNRE, la cual recibió el ofrecimiento de apoyo institucional del Sistema de Naciones Unidas, de la CICIG y del Presidente pro témpore del G-13, que aglutina a las embajadas más activas acreditadas en el país.
La PNRE se planteó tres objetivos: a) Articular a los diferentes actores nacionales para lograr acuerdos y consensos políticos que permitieran impulsar propuestas para la reforma profunda del Estado; b) promover una transición política pacífica, que fortaleciera y legitimara el ordenamiento constitucional e institucional del país; y c) generar condiciones sociales y políticas para promover cambios estructurales en Guatemala.
La PNRE propuso a la ciudadanía desarrollar un proceso cívico-político en tres etapas; la primera, dirigida a la renovación del sistema político, incluía una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-. Esta propuesta fue presentada al Tribunal Supremo Electoral, instancia que hizo suyo el 80% de la proposición, y lo integró a la propuesta que presentó al Congreso de la República, que incluyó solamente el 16% del contenido en la pálida y amañada reforma que aprobó.
La reforma a la LEPP incluía cuatro temas: 1) modificar el régimen de representación, estatuyendo una nueva organización política, los Comités Cívicos Distritales, mediante los cuales los Pueblos indígenas y los sectores sociales podrían postular diputados al Congreso y a la Asamblea Nacional Constituyente. Además, mujeres y PI podrían participar en igualdad de condiciones en las planillas de diputados y munícipes de los partidos. 2) Regular el financiamiento privado, estableciéndose que éste debería ser entregado vía el TSE, quien debería velar por su licitud; acceso equitativo de las organizaciones políticas a los medios de comunicación. 3) Establecer que el derecho constitucional a la reelección no podrá ser sucesivo, sino debería dejar un periodo de por medio. 4) Establecer que el voto nulo sería vinculante, contabilizándolo junto a los votos válidos para los cálculos electorales.
Una vez lograda la primera fase, la segunda implicaba dar inicio a la reforma profunda del Estado, mediante la instalación legal de una Asamblea Nacional Constituyente, que reformaría la Carta Magna y las leyes ordinarias necesarias. La tercera fase, con una nueva Constitución, consistiría en la instauración normativa e institucional del nuevo modelo de Estado.
A pesar de que la ciudadanía estuvo movilizada y dispuesta, había instrumento político y contamos con una propuesta de fondo a la crisis, la falta de cohesión organizativa y las elecciones abortaron el proceso, entronizando a Jimmy Morales y su recua de delincuentes. Lo demás es historia conocida.
Cuando hay proyecto alternativo, las crisis pueden servir para avanzar en la consolidación de la democracia; he allí la importancia de que la ciudadanía alcance un acuerdo básico sobre cómo avanzar hacia el futuro, con realismo y sin romper el orden constitucional.
Toca a Bernardo Arévalo convocar a la ciudadanía a gestar un gran acuerdo nacional, que mediante la inclusión y el consenso, trace la hoja de ruta que nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente, incluyente y democrática, para construir un futuro con justicia social, equidad, probidad, democracia e interculturalidad. Ahora es cuándo.
