POR MIRIAM HERNÁNDEZ
mhernandez@lahora.com.gt
Después del 16 de abril pasado, cuando se develó la estructura de defraudación aduanera La Línea, parece que la guerra emprendida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) avanza con miras y esperanza de ganar la batalla. Sin embargo, aún falta mucho trabajo del sistema de justicia para acabar con las consecuencias de décadas de impunidad ¿Cuáles son las tareas pendientes de dichos responsables de la investigación criminal?
Tras la renuncia de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina al Ejecutivo, y su posterior enjuiciamiento por uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente, la ciudadanía recobró cierta confianza en las autoridades del sistema judicial, reconoció a la CICIG como un guardián de la justicia y al MP como un ente interesado en combatir la corrupción.
La CICIG participa en la mayoría de procesos judiciales de alto impacto de los últimos seis años, desde que se creó la Comisión, un ente que a partir de entonces trabajaría en conjunto con el MP.
Nunca antes se habían visto tantos resultados en cuanto a la persecución de la corrupción como en los últimos meses. El trabajo de ambas entidades logró llevar a los juzgados a 91 implicados en la estructura de defraudación aduanera La Línea, entre personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), altos funcionarios del Ejecutivo, empresarios y particulares.
Así mismo, más de una decena de diputados enfrentan antejuicio por diversos casos de corrupción, que aún se encuentran en investigación.
Además, los casos conocidos como IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula develaron las mafias que existen tras las contrataciones del sistema de salud pública y el caso denominado Plazas Fantasma, evidenció el enriquecimiento ilícito de algunos diputados a costa de los fondos del Congreso de la República.
Por su parte, el MP activó el caso de las tiendas La Riviera, caso que había estado en el olvido bajo alegatos de tráfico de influencias.
Ante esta gran labor del MP y la CICIG, solo queda preguntarse: ¿Terminamos ya con la corrupción? ¿Qué instituciones aún permanecen sin ser fiscalizadas? ¿Cuál es la tarea pendiente de la Comisión y el MP?
RECUPERAR UN ESTADO COOPTADO
Para Helen Mack, del Movimiento Pro Justicia, una organización dedicada a la fiscalización de los procesos de elección de magistrados, de Fiscal General y de Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la desarticulación de la red de defraudación aduanera La Línea y otras estructuras recientemente develadas, no representa una victoria total sobre la corrupción que opera a nivel estatal.
“Es, a lo mucho, un golpe. Las estructuras siguen estando ahí, se han denunciado pero no se han tocado”, señaló.
Para ejemplificar, Mack se refiere a las mafias que aún operan en el Sistema Penitenciario (SP) y en la SAT, las cuales a su criterio fueron descubiertas, pero no extirpadas por completo.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), cree que la corrupción en Guatemala opera a nivel interinstitucional y recuerda que existe dentro del mismo ente investigador.
A mediados del 2014, la fiscal general Thelma Aldana, hizo mención de 350 expedientes contra trabajadores del MP sospechosos de infringir la ley.
Tanto Mack como Acuña reconocen la labor que durante el último año han llevado a cabo el MP y la CICIG, pero también están de acuerdo en que el saneamiento del Estado conlleva un proceso mucho más largo y profundo.
Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, considera que el MP y la CICIG deben priorizar la investigación de las municipalidades, ya que es en esas instituciones donde se maneja mayor discrecionalidad respecto al manejo de los recursos públicos.
La Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, maneja el grueso de sus fondos de manera discrecional, a través de fideicomisos que no pueden ser auditados por la Contraloría General de Cuentas, haciendo imposible para los usuarios saber si sus fondos son bien utilizados.
A nivel estatal, el analista señaló que la cartera que mayores sospechas de corrupción genera entre la población es el Ministerio de Comunicaciones, el cual no está sujeto a una fiscalización efectiva y a través del cual se hacen favores políticos, especialmente a las constructoras que se encuentran “precalificadas” y que no se someten a procesos de licitación para la adjudicación de las obras.
Dentro de la cartera de Comunicaciones, por ejemplo, un posible foco de corrupción está en la Dirección de Transportes. Solo para el 2015 fueron aprobados Q435 millones adjudicados para subsidiar a una sola agrupación de transportistas, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), que recientemente fue denunciada por la Contraloría por el manejo anómalo de los fondos asignados.
Sotomayor comentó que actualmente no hay una supervisión adecuada de lo que se hace con estos fondos. “Debería existir la posibilidad de retirar los subsidios en caso de un mal servicio”, dijo.
Para el entrevistado, la investigación de estas instituciones, más que ser tarea para la CICIG, requiere del fortalecimiento de la cultura de denuncia en la ciudadanía y las instituciones, ya que debido a la complejidad para rastrear los hechos de corrupción es difícil que el MP los persiga de oficio.
Al ser consultado sobre la existencia de organizaciones criminales que aún no han sido descubiertas, Antulio Villatoro, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), indicó que en todo proceso de investigación sobre una estructura criminal, el primer paso es identificar dónde se encuentra el foco de corrupción y que a partir de ese estudio surgen más implicados e hilos de investigación. “Es un proceso”, aseguró.
FISCALIZAR A LOS FISCALIZADORES
Helen Mack considera que el camino más rápido para una mejoría evidente del Estado de Derecho es el fortalecimiento del sector encargado de la impartición de justicia, y para ello es necesaria la depuración y fiscalización del Organismo Judicial (OJ).
En agosto pasado, investigaciones de la CICIG y la FECI permitieron la captura de la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo, sindicada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; el magistrado Erick Santiago de León, sindicado por cohecho pasivo y la jueza Marta Sierra de Stalling, señalada por cohecho pasivo y prevaricato.
Aunque las investigaciones no han finalizado, para el analista Lizandro Acuña, los procesos contra jueces son un indicador positivo en la lucha contra la impunidad; sobre todo en Guatemala, un país donde el 84 por ciento de los sindicados por casos de corrupción son absueltos, según expuso un estudio del Ipnusac, con cifras del MP para el periodo del 2012 al 2014.
De acuerdo con el informe, durante ese lapso, el 80 por ciento de los expedientes judiciales por delitos de corrupción concluyó en absolución o abandono del caso y tan solo el 20 por ciento llegó a una condena.
En el mismo periodo, los expedientes por delitos económicos terminaron en un 86 por ciento en absoluciones, y en un 13 por ciento en condenas. Por el delito de lavado de dinero hubo un 85 por ciento de absoluciones y un 14 por ciento de condenas.
Para Acuña, estos datos son indicadores de graves deficiencias en el sistema de justicia, tales como investigaciones incompletas y posible complicidad por parte de miembros del OJ, MP y Policía Nacional Civil (PNC), con posibles vínculos al crimen organizado, aunque son más los elementos buenos que los malos.
Los delitos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y delitos económicos son considerados delitos “de cuello blanco”, donde usualmente se ven involucrados funcionarios públicos y particulares con alto poder económico o político.
Según los analistas consultados, para que la CICIG y las instituciones encargadas puedan continuar el proceso de saneamiento del Estado, es esencial que la fiscalización llegue incluso a los mismos operadores de justicia, ya que la certeza de que sus decisiones son vigiladas es un factor influyente para evitar que cedan ante presiones y sobornos.
CLAVES CONTRA LA IMPUNIDAD
Para el analista Lizandro Acuña, los puestos e instituciones clave en la lucha contra la impunidad son las fiscalías dedicadas al combate a la corrupción, los delitos administrativos, el crimen organizado, los delitos económicos y las extorsiones.
Antulio Villatoro, investigador de la FECI, cree que todas las fiscalías del país tienen la capacidad de resolver cualquier tipo de caso con la misma efectividad que la FECI, siempre y cuando estén aseguradas sus necesidades económicas.
Según Villatoro, la única diferencia entre la FECI y las otras fiscalías del MP, es que la primera cuenta con el acompañamiento técnico de la CICIG. Sin embargo, el fiscal reiteró que mientras se garantice el factor económico para un buen funcionamiento, cualquier fiscalía puede trabajar con la misma efectividad.
Para Tamara de León, jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos, las dificultades para llevar a cabo investigaciones en dicha sección tienen que ver con la complejidad de los casos que involucran a funcionarios públicos con poder para influir en el proceso y que además tienen derecho a antejuicio.
De acuerdo con De León, es importante el rol que juegan los medios de comunicación y la ciudadanía al fiscalizar la labor de los juzgados, pero advierte que esta vigilancia no se da en los casos conocidos fuera de la ciudad capital, donde la independencia de los jueces es fácilmente vulnerada por los poderes locales.
La fiscal cree que en todo proceso es importante la participación y la denuncia de acciones anómalas por parte de los funcionarios públicos, pero señala que para ello es esencial que los ciudadanos que denuncian no desistan y acompañen los casos hasta su conclusión.
Helen Mack resaltó la importancia de proveer a las fiscalías con herramientas, acompañamiento técnico y reformas a las leyes de carrera de todas las instituciones implicadas en la impartición de justicia, desde el Ministerio Público hasta el Sistema Penitenciario.
Además del fortalecimiento de fiscalías clave en el MP, Acuña recuerda que los cambios en el sector justicia no dependen solo de disposiciones internas. Para el analista, uno de los problemas principales para la lucha contra la impunidad es la subordinación y falta de independencia entre los tres poderes estatales.
Ejercer presión sobre los funcionarios del sistema judicial, para que respondan a intereses particulares, es fácil cuando los magistrados del Organismo Judicial son nombrados por los diputados y la Fiscal General es nombrada por el Presidente de la República, explicó el entrevistado, quien agregó que “hay que destacar que ese vínculo se está rompiendo con una Fiscal General que no respondió a un expresidente Otto Pérez Molina, que la nombró”.
SIN FONDOS PARA LA JUSTICIA
Desde 1993, el MP es la institución encargada de la persecución penal y la acción penal, es decir la entidad que promueve y dirige la investigación de delitos. Del MP depende que se persigan los crímenes y que los criminales sean llevados ante la justicia.
En abril del presente año, la fiscal general, Thelma Aldana, presentó un plan para la descentralización del MP y la ampliación de su cobertura, el cual consiste en la creación de seis agencias fiscales por año, pero ejecutar este plan requiere de un aumento al presupuesto de la institución.
El Presupuesto General 2015 estableció una asignación de Q1 mil millones para el MP, los cuales son insuficientes para cumplir con sus responsabilidades, según datos de la institución. Sumando los fondos que el Ministerio de Finanzas ha dejado de trasladar al MP en años anteriores, la entidad calcula un déficit de Q2 mil 965.51 millones, hasta principios de octubre de este año.
En agosto pasado, el entonces presidente del OJ, Felipe Baquiax Baquiax, denunció una reducción del 10.2 por ciento del presupuesto asignado para el OJ, con respecto al año anterior; por lo que solicitó un aumento al Ministerio de Finanzas.
Según Baquiax, el OJ opera con un déficit presupuestario de Q650 millones, los cuales son necesarios para completar el pago de salarios y lograr el cumplimiento de las funciones del Organismo durante el último trimestre del año en curso.
Rafael Rojas Cetina, recién nombrado Presidente del OJ, indicó que cada fin de mes, la institución tiene el reto de lograr cubrir los gastos con el porcentaje asignado mensualmente por el Ministerio de Finanzas.
Rojas aseguró que actualmente el OJ no tiene disponibilidad financiera para hacer innovaciones en ningún rubro y la ley le prohíbe la utilización de los fondos privativos, obtenidos por el pago de cauciones o consignaciones. “El OJ debe ver cómo solucionar el problema prácticamente al tenerlo de frente, porque no podemos anticipar ninguna circunstancia”, comentó.
De momento la nueva administración del OJ aún no se ha comunicado con el Congreso y la Comisión de Finanzas para pedir nuevamente la ampliación de presupuesto. “Depende mucho de la voluntad política que muestre el Congreso para lograr la ampliación solicitada”, declaró Rojas.
CIFRAS DE IMPUNIDAD
Del 2012 al 2014, el 80 por cienTo de los expedientes judiciales por delitos de corrupción concluyó en absolución o abandono del caso y tan solo el 20 por ciento llegó a una condena.
En el mismo periodo, los expedientes por delitos económicos terminaron en un 86 por ciento en absoluciones, y en un 13 por ciento en condenas.
Por el delito de lavado de dinero hubo un 85 por ciento de absoluciones y un 14 por ciento de condenas.
En promedio, el 84 por ciento de los sindicados por casos de corrupción fueron absueltos.
* Según un estudio del Ipnusac, con cifras del MP para el periodo del 2012 al 2014.
Casos que han salido a la luz
Red de defraudación aduanera La Línea
Estructura “Bufete de la Impunidad”
Contrataciones anómalas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
Malversación de fondos en la PNC
Plazas Fantasma en el Congreso
Red de Tráfico de influencias en el Ministerio de Energía y Minas
Red de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito de “Chico Dólar”
Jueces sospechosos de corrupción
Casos pendientes de investigación
Corrupción en las Municipalidades
Deuda Flotante en el Ministerio de Comunicaciones
Tráfico de Influencias en el Ministerio de Energía y Minas
Tráfico de influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
Redes de corrupción en el Sistema Penitenciario
Crimen Organizado infiltrado en el Ministerio de Gobernación
Desvío de fondos en el Ministerio de Salud
Contratos abiertos, especialmente de medicinas
Poca transparencia en el manejo de los programas sociales
La Municipalidad de Guatemala, pOr ejemplo, maneja el grueso de sus fondos de manera discrecional, a través de fideicomisos que no pueden ser auditados por la Contraloría General de Cuentas, haciendo imposible para los usuarios saber si sus fondos son bien utilizados.
El Presupuesto General 2015 estableció una asignación de Q1 mil millones para el MP, los cuales son insuficientes para cumplir con sus responsabilidades, según datos de la institución. Sumando los fondos que el Ministerio de Finanzas ha dejado de trasladar al MP en años anteriores, la entidad calcula un déficit de Q2 mil 965.51 millones, hasta principios de octubre de este año.
