POR VIRGINIA CONTRERAS
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una de las instituciones establecidas en vísperas de la Revolución de Octubre cuando se planificó un sistema de protección social para la clase trabajadora y sus familias, pero ahora, 69 años después, dista mucho del proyecto para lo que fue creado debido a que la mayoría de los empleados no gozan de esta seguridad social, y algunos afiliados han mostrado su descontento por la mala calidad de los servicios, que gira en torno al desabastecimiento de medicamentos e insumos, y de la corrupción dentro de la entidad.
Según la institución, tras la Revolución del 20 de Octubre de 1944 en la que se derrocó el régimen del General Federico Ponce Vaides, se eligió un gobierno democrático bajo el mando de Juan José Arévalo, cuando se gestionó la venida al país de dos técnicos en materia de Seguridad Social, el costarricense Óscar Barahona Streber y el chileno Walter Dittel.
Los extranjeros hicieron un estudio de las condiciones económicas, geográficas, étnicas y culturales del país dando como resultado el libro titulado: «Bases de la seguridad social en Guatemala». Es así como el 30 de octubre de 1946, el Congreso emite el decreto número 295, ley orgánica del IGSS, creando una institución autónoma, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo un régimen nacional de seguridad social, de conformidad con el sistema de protección mínima.
Esto significa que debería cubrir todo el territorio y que debería ser único para evitar la duplicación de esfuerzos y de cargas tributarias. Además, los patronos y trabajadores debían estar inscritos como contribuyentes y no podían evadir esta obligación, porque sería incurrir en la falta de previsión social.
Al promulgarse la Constitución de la República de aquel entonces, el pueblo encontró entre las garantías sociales en el Artículo 63, el texto en el cual se establece el seguro social obligatorio que indicaba “la Ley regulará sus alcances, extensión y la forma en que debe de ser puesto en vigor”.
De esa cuenta surgió en el país la institución que velaría por la salud de la clase trabajadora y, en adelante, los derechos a los que se harían acreedores.
DERECHOS DE LOS AFILIADOS
Datos oficiales refieren que el IGSS cuenta con 1 millón 700 mil afiliados y cerca de 2 millones de beneficiarios. En tal sentido, la entidad establece que se atiende por maternidad a la esposa inscrita en el programa y a los hijos menores de 5 años, con una extensión hasta de 7 años.
Los servicios que el afiliado recibe del IGSS son atención médica en las unidades asistenciales, tanto en consulta externa como en hospitalización, rehabilitación, tratamiento psicológico y social, resolución de problemas en el trabajo relacionados a la enfermedad, etcétera; así como la suspensión de labores por problemas de salud, para lo cual el adscrito recibirá prestaciones en efectivo correspondiente a las dos terceras partes del salario diario por incapacidad debido a enfermedad o accidente.
Sin embargo, es de resaltar que los empleados del ente también gozan de este beneficio, pero solo aquellos contratados bajo el renglón 011, 021, 022 y 031, quienes pagan una cuota mensual de 7.83%, lo que significa un 3% más que un empleado del sector privado. Mientras, los que están bajo el renglón 029 y 186, no lo poseen.
Asimismo, cabe agregar que la institución se ha visto inmersa en diversos escándalos de corrupción durante sus administraciones, desde 2003 hasta 2015, en donde se ha visto implicada en casos que dejan entrever falta de transparencia.
CASOS DE CORRUPCIÓN, LAS ETERNAS MEDICINAS Y EQUIPO MÉDICO
Conocido fue el escándalo en el que se vio implicado Carlos Wohlers, expresidente de la Junta Directiva del IGSS en 2003, en donde el Ministerio Público (MP) lo sindicaba por la estafa de más de Q350 millones en dicha institución, los que se invirtieron en el fideicomiso de Protección y Desarrollo Social, por medio del cual la entidad adquirió cinco fincas sobrevaloradas en más de Q230 millones en las que se pretendía construir viviendas tipo popular para los jubilados.
No menos sonado fue el caso de Luis Reyes Mayén, quien también fungió como presidente de la Junta Directiva. El MP le imputó los delitos de abuso de autoridad, prolongación de funciones y devolución de emolumentos, dado que las investigaciones de la fiscalía señalaban que el período para el cual fue nombrado concluyó en 2009, y por medio de un acuerdo se prolongó hasta 2013.
Además, se dieron acusaciones por gastos discrecionales dados durante su administración, tal como una publicación que costaba casi un millón de dólares denominada Info IGSS.
Sobre la institución, así como ocurre con todo el sistema nacional de salud, siempre ha pesado la poca transparencia en la compra de medicamentos y equipo médico debido a la conformación de estructuras que llevan años operando.
POLÉMICO CONTRATO
El 20 de diciembre del año pasado, el IGSS cambió de proveedor y adjudicó a la empresa mexicana Pisa, un contrato por Q116 millones para proporcionar diálisis a 530 pacientes renales.
El cambio fue objeto de denuncia por parte de los pacientes, quienes señalaron que la empresa no contaba con la estructura, ni el personal para atender sus necesidades. Según las autoridades, debido a sus deficiencias se suscitaron las muertes -al 10 de septiembre- de 36 personas a causa de peritonitis (inflamación del peritoneo debido a una infección).
Por el negocio anómalo entre ambas empresas, 23 personas fueron capturadas, entre ellas Juan de Dios Rodríguez, quien fuera en ese momento el presidente del Instituto, a quien se acusó por el delito de fraude y otros miembros de la junta directiva, así como trabajadores de la entidad.
Del mismo modo se ha reportado el descontento en los afiliados derivado del desabastecimiento de medicamentos e insumos en algunas unidades de atención, lo que ha generado complicaciones en su estado de salud, tal es el caso del IGSS de la zona 9, en donde Roberto Estrada, director del Hospital General de Enfermedades, recalcó que a partir del problema de Pisa, se agudizó la situación.
DESABASTECIMIENTO A CAUSA DE PISA
Recientemente trascendió que se suspendería la extracción de muestras de sangre a los pacientes porque el centro hospitalario carecía de la aguja descartable, insumo necesario para llevar a cabo esta función, puesto que el proveedor había incumplido con la entrega debido a que ésta se encuentra en contrato abierto.
De acuerdo con el director Estrada, el desabastecimiento surgió en el momento en que fueron retenidos algunos miembros de la institución, lo que generó que quienes estaban nombrados para participar en los procesos de licitación se abstuvieran de hacerlo. Agregó que al no tener una autorización de compra a través de cotización o licitación, se ven obligados a comprar mediante el mecanismo de compra directa, en donde los tiempos que establece la ley son tres meses.
MALAS AUTORIDADES
Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), expresó que si bien es cierto que existe una situación crítica en cuanto al desabastecimiento que sufre el ente, es de destacar que son fallas que han surgido por las personas que han estado a cargo de la dirección, en donde han influido las altas autoridades y los mandos medios. Por lo que indicó, no debe siquiera considerarse la idea de la cancelación del seguro social.
“Vivimos en un país en donde los niveles de pobreza y acceso a servicios es deplorable y superan el 50%. Además, estamos en un país donde el sistema de salud obliga a que gastemos y busquemos alternativas en el sector privado, entonces, esas situaciones aumentan las brechas y las inequidades en naciones como esta”, acotó.
En tal sentido, Chávez manifestó que el esfuerzo tiene que ir orientado a hacer que el sistema funcione y pensar en buscar el modo en el cual, el interés público y común prevalezca a ciertos intereses particulares que finalmente tienen a la institución como está.
El analista insistió en evidenciar las bondades que posee el IGSS, entre ellas, los tratamientos y medicamentos que no podrían ser costeados por la mayoría de guatemaltecos que laboran en el sector formal.
SEGURO COLAPSADO
Según Zulma Calderón, jefa de la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), uno de los principales problemas que posee el ente deriva en que se impone de forma obligatoria para muchos empleados y desde el inicio, a los afiliados no se les informa sobre los beneficios que ofrece y cómo debe utilizarse.
Calderón destacó que la evolución del seguro social ha ido en detrimento debido a que no ha crecido tanto en servicios, como en infraestructura y en personal, en relación a la cantidad de afiliados con que se cuenta.
“Yo estoy segura de que las autoridades del IGSS nunca previeron la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas que hoy manejan y el costo que cada uno de ellos les podía causar. Todo ello es lo que ha debilitado a la institución como tal. Además, no se previó la manera en cómo iba a afectar sumar a las personas beneficiarias, aparte de las afiliadas, ya que al adquirir un seguro de gastos médicos en otro lugar, los costos son diferentes por persona o por núcleo familiar”, explicó.
La defensora señaló que el instituto solo ha ido enfrentando las situaciones de emergencia que se les han presentado, pero no ha habido una planificación como tal de hacia dónde se dirige.
La semana pasada una acción de amparo fue presentada en la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República por parte del IGSS, con el fin de presionar para que se les otorgue el aporte establecido del Presupuesto del próximo año.
De acuerdo a esa institución, la falta del aporte que corresponde al Estado va en detrimento del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, el Programa Especial de Protección para Trabajadores de Casa Particular –PRECAPI– y la atención médica a las Clases Pasivas del Estado.
PRESUPUESTO
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuenta con un presupuesto actual de Q12.1 millardos. Además, posee 144 unidades de atención, entre hospitales, consultorios, unidades de adscripción y cajas departamentales.
Cada clínica atiende un promedio de 18 pacientes en la mañana y 18 por la tarde. Mientras que las clínicas de pediatría atienden 19 pacientes en la mañana, 19 en la tarde y 19 en jornada nocturna, aparte de todas las emergencias.
