Los dos arietes golpistas en Guatemala, que confabulan constantemente para consumar el derrocamiento del gobierno de Arévalo y Herrera, son la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), que en forma desquiciada ha caído en manos de Consuelo Porras. Si Guatemala opta por avanzar democráticamente y defender el Estado de derecho, la CC debe dejar de existir y Consuelo Porras y sus compinches deben ser echados del MP. No hay otra opción. La CC, como tal, será eliminada mediante reforma constitucional, que invitamos a la ciudadanía entera a solicitar de urgencia. Bastan cinco mil firmas; busquemos cincuenta mil. Mientras más pronto presentemos la iniciativa de referendo constitucional, menos días de abominables fallos y maquiavélicas componendas ocurrirán. ¡Que no pase el 2024 sin eliminar, para siempre, el candado impuesto por los grandes ricos al Estado y la sociedad de Guatemala!
La depuración del MP debe ser más inmediata –siempre un rayo puede caer sobre la Fiscal General o estar ella en un accidente de tránsito, o de casa, o ser trasladada por la CIA a otro sitio, o ser silenciada para siempre por las mafias a las que pertenece- pero al no poder confiar en estos hechos del destino, debemos nosotros sacar a Porras rápidamente. Lo puede hacer el presidente Arévalo ya, con base a la Constitución; y nosotros podemos llevar nuestra exigencia de renuncia hasta niveles en que cualquier persona sensata haría caso. Basta que se presenten las pruebas de su muy deshonesto comportamiento. Tanto Estados Unidos, al colocarla en la Lista Engel, como la Unión Europea, al negarle ingreso y congelar sus fondos, como Canadá, que la señala directamente de actos de corrupción y contra la democracia en Guatemala, tienen abundantes datos contra Porras y sus más cercanos colaboradores. Si bien la CC pueda intentar ampararla, su falta de credibilidad y su comportamiento corrupto la dejan sin autoridad moral para actuar. Hace apenas dos días permitieron la salida de prisión de un grupo de criminales de guerra y les dan libertad a pesar de sus repetidos y execrables crímenes de lesa humanidad. No, definitivamente, junto a la Fiscal General, los magistrados de la CC también pueden y deben ser llevados a prisión por el resto de sus días.
El presidente debe actuar ya, porque Porras y sus huestes siguen buscando motivos para iniciar antejuicios contra él y la vicepresidenta, y para ello inventan y aumentan, con la complicidad de las falsas autoridades de la USAC, las acusaciones contra docentes y estudiantes de la Resistencia Universitaria. Los cónclaves golpistas continúan, elaborando planes para descarrilar al gobierno de Semilla, azuzados por Fundaterror y los pusilánimes de Vamos, incluidos Miguelito y Giammattei. La CC sigue empecinada en impedir que Semilla sea partido político de pleno derecho y respaldará a todos y cada uno y una de los integrantes de las Listas Engel y Magnitsky, para que se queden enquistados en sus puestos. Es hora de cuestionar el andamiaje legal con el que se protegen los enemigos de la legalidad. ¡Criminales y corruptos a la cárcel!
