El desarrollo social de nuestro país, usando el índice social de desarrollo nos muestra que, en el periodo prepandemia entre 2015 y 2019, las estadísticas apuntaban a un ligero avance en el progreso social del país, con un incremento acumulado de puntos en dicho período. Durante la pandemia, eso se estancó y en la actualidad nuestro índice, que mide varias cosas, salud, educación etc., se encuentra por debajo del promedio mundial y se le califica de detrimento en 2023. Eso no lo digo yo, lo dice el informe del índice mundial. Pero seamos claros, ya en el 2018, los autores del índice de progreso social de Guatemala, en su informe ejecutivo nos decían, y cito textualmente: “Guatemala ha sido ineficiente en transformar el crecimiento económico en bienestar colectivo y ambiental y en la planificación de políticas públicas eficientes, es el principal reto para el país”. Esa sugerencia aún no tiene ni políticas ni planes para implementarse y esperamos que las tome el nuevo gobierno.
Para aclaración, lo que el índice explica, en cierto sentido es “una medida de inclusión”, desarrollada a partir de discusiones con partes interesadas de todo el mundo, sobre lo que se pasa por alto, cuando los formuladores de políticas se concentran en el PIB, excluyendo el desempeño social. El marco se centra en varias preguntas distintas: ¿Satisface un país las necesidades más esenciales de su población? ¿Están establecidos los elementos básicos para que los individuos y las comunidades mejoren y mantengan el bienestar? ¿Existen oportunidades para que todos los individuos alcancen su máximo potencial?
De tal cuenta que Guatemala puede ocupar el primer lugar entre los países de la región en términos de PIB per cápita, pero sus resultados en el Índice de Progreso Social, son los más pobres y altamente mediocres. Ocupa mundialmente un puesto noventa y ocho de ciento setenta a nivel mundial en términos de progreso social en varias áreas clave, incluida la calidad de vida de los ciudadanos y la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como son el acceso a conocimientos básicos, salud y bienestar y en sostenibilidad de los ecosistemas. En esos términos, jamás hemos tenido un ritmo e impulso político adecuado y quizá el único intento ordenado fue el de mediados del siglo pasado.
En medio de esa tragedia, hay algo que resulta cierto que sí crece: los guatemaltecos poco a poco y en lo que va del siglo, nos hemos venido dividiendo más y en forma alarmante. En los dos últimos gobiernos, prioridades importantes como la atención sanitaria, la educación y la política se vieron estancadas e incluso declinaron. Situaciones debidas no solo a la corrupción, también a diferencias ideológicas y luchas de clases solapadas de racismo y condiciones socioeconómicas y, aunque hemos dado grandes pasos en ciertas áreas de derechos humanos como los de los homosexuales, en otras como la violencia contra la mujer, el abuso infantil, el respeto al prójimo, las cosas realmente no funcionan y prestaciones fundamentales como nuestro sistema educativo y de salud, la producción en general. Simplemente no se mueven o se mueven mal y deficientemente.
Aquí vale destacar lo que la academia nacional ha dicho hasta el hartazgo: «nuestro sistema político no está ayudando, se está aprovechando y saqueando en que, por un lado los políticos buscan logros personales, poder y riqueza y bloquear al otro, en lugar de comprometerse y hacer las cosas como es debido; y por otro lado, los monopolios financieros e industriales se enriquecen, producto del saqueo de las arcas nacionales y no de un trabajo digno, honesto y una competencia justa».
Entonces, reto primordial para el nuevo gobierno que recién asumió es: «desenmascarar el asunto político, en términos de progreso social». Ya pasamos un enfrentamiento civil de treinta y tantos años; otro tanto de alta corrupción; queda al actual gobierno, la realización de actos reales para unir a la sociedad; realizar consensos honestos en que no son comisiones las que los deben encabezar, sino el presidente, cuya primera tarea es revitalizar y reabastecer la sociedad y la capacidad de sus ciudadanos. Dar los primeros pasos para que la relación entre el desarrollo económico y el progreso social se vuelva más lineal y las instituciones reasuman su papel protagónico y eficientemente.
