Washington,
Agencia dpa
El Estado mexicano y un grupo de expertos independientes internacionales anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo para seguir adelante con la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Así lo anunciaron ambas partes durante una audiencia en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la audiencia, los representantes de los familiares de las víctimas señalaron la necesidad de que este grupo de expertos independientes internacionales permanezca en México «hasta que la verdad sea esclarecida».
Lo que parece de momento claro es que el mandato del llamado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) se extenderá, en un principio, seis meses y que más adelante se evaluará si es necesario o no extenderlo aún más. En los próximos días, la CIDH deberá anunciar formalmente la extensión del mandato.
El experto Carlos Martín Beristain explicó en rueda de prensa que el acuerdo firmado con el estado mexicano establece las condiciones para que los expertos «puedan hacer un buen trabajo en la segunda etapa de investigación».
En función del acuerdo, la investigación del caso de Ayotzinapa saldría «de forma inmediata» de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delicuencia Organizada (SEIDO) «proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva».
Este cambio en el equipo investigador aportaría, según la experta Ángela Buitrago, ver la investigación «con nuevos ojos», lo que podría ser clave a la hora de resolver este caso.
El estado mexicano y el grupo de expertos también han acordado «planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe».
Durante la audiencia, salieron a relucir las discrepancias entre ambas partes sobre la necesidad de que miembros del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, en el estado de Guerrero, sean entrevistados directamente por los expertos internacionales.
Mientras los expertos consideran imprescindible para su investigación interrogar a los militares directamente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, insistió en que los militares declaren solo ante el Ministerio Público Federal.
«Para nosotros es muy importante la posibilidad de estar presentes durante las entrevistas y la posibilidad de dirigir preguntas en el marco del desarrollo interrogatorio porque elementos de este batallón estuvieron presentes en varias de las escenas del crimen», explicó la experta Claudia Paz y Paz.
«No es lo mismo que las pregunte un tercero porque va a faltar algo o va a quedar la duda después de por qué no preguntó algo más. Esa es la razón es por la que queremos interrogar directamente», insistió Buitrago.
En función del acuerdo, el Estado mexicano también se comprometió a mantener «la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias».
Foto: GIEIAyotzinapa/Twitter
