Estamos acostumbrados a hablar de legitimidad cuando nos referimos a temas legales o cuando estamos hablando de temas de representación. Para decir si eso es legítimo o no, realmente el tema legitimidad tiene mucho que ver con el tema de justicia. Y en este caso, tenemos que hablar de legitimidad en términos de si es viable lo que estamos planteando o no.
Y es que quiero referirme a los intentos que ha tenido el Congreso de la República de aprobar algunas leyes que indiscutiblemente son necesarias para el país, que de una u otra manera van a beneficiar a la mayoría de la población; sin embargo, al estudiarlas, resulta que no son viables. A eso le llamamos nosotros en negociación que “no se vieron los criterios de legitimidad”.
Sucede a menudo, al aprobar leyes, que después éstas ya no se pueden aplicar. Y por eso es importantísimo que cuando se elabora una iniciativa de ley para convertirla en un dictamen favorable y llevarla al Pleno del Congreso para su aprobación, se debe contemplar desde todos los puntos de vista si la ley realmente es legítima o no. No sólo si es justa o no es justa; sino si realmente se va a poder ejecutar, o si lo que estamos planteando es o no realizable.
Podríamos hablar de varios intentos por legislar que se han presentado, como la famosa “ley de aguas”. Una ley que es un mandato constitucional y que ya lleva cualquier cantidad de años desde que está vigente la Constitución sin aprobarse. Y esto es porque quienes están interesados en que la ley no se apruebe han encontrado la forma de detenerla al decir que no es viable porque no se están tomando en cuenta todas las partes… Y es que nos tardamos tanto en aprobar esta ley que ahora su aprobación se vuelve cada día más difícil. De acuerdo con mi propia experiencia, cuando llegamos a tener un proyecto que creíamos era viable, que tenía los votos y que podía ser aprobada en el pleno, aparecían representantes de pueblos indígenas diciendo que el agua no le pertenece al Estado sino al pueblo y que, por lo tanto, no podría legislarse para que el Estado la regule, además que si la aprobamos, las comunidades indígenas se opondrían. Este tema no volvió a salir, porque realmente se han encontrado otros criterios de legitimidad que hacen que la ley no se apruebe. Tal es el extremo al que llegaron.
Pero hoy tenemos ejemplos más simples como lo es la buena intención, además de la necesidad de aprobar una ley que aumente los ingresos de los jubilados del Estado. Esa pensión que en muchos casos no llegan ni al salario mínimo, que no representa para nada los años de servicio que prestaron y, sobre todo, no representa las necesidades de la población en estado de jubilación. Ahora bien, esa iniciativa de ley bien intencionada, esa iniciativa de ley necesaria, esa iniciativa de ley aprobada casi por todos los partidos políticos, se vio detenida en el Pleno cuando al hacer los números era por demás obvio que la diferencia entre quienes aportan y quienes la reciban es sumamente grande. Y que para elevar lo que a cada jubilado del Estado le tocaría recibir, la brecha entre los que contribuyen y los que la reciben sería también muchísimo más grande. Sin embargo, cuando el Ministro de Finanzas llegó les dijo “esto es inviable porque no tendríamos de dónde sacar fondos para cubrirla”. Vemos entonces que hace falta algo más que una buena intención. La negociación de una ley, como en todas las negociaciones, debe tener los criterios de legitimidad que la hagan realizable, funcional y aplicable.
NO SE VALE, que no le demos tiempo a este nuevo gobierno para que se siente primero a terminar de hacer equipo, a terminar de revisar y a corregir su plan de gobierno, ahora que ya ha dejado de ser una promesa de campaña. Este tema se ha convertido en una expectativa para la población, pero no podemos seguir presionando para que las expectativas que llevamos años esperándolas se hagan realidad de forma inmediata. Con este tema podría pasar al final lo mismo qué pasó con la ley de aumento a las pensiones de los jubilados del Estado. Si no se detiene y si no se cita al Ministro de Finanzas para que dé su opinión y diga si es viable o no; de aprobarla, el Estado corre el riesgo de meterse en un profundo hoyo financiero convirtiéndose posteriormente en un problema nacional, ya que se tendrían que obtener fondos de otro lado para cumplir con la ley.
YA ES HORA, que nos pongamos la mano en la conciencia y que entendamos que la improvisación se usa únicamente para casos de emergencia, todo lo demás debe ser producto de la planeación y es que si seguimos presionando a este gobierno para que apruebe todo aquello que prometió o para que apruebe todo aquello que nosotros creemos que debe aprobar, sin darle el tiempo de antes organizarse y de darse cuenta realmente en dónde están parados, nos vamos a meter en algo que chapinamente conocemos como sale más caro el caldo que los frijoles.
