La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una acción de inconstitucionalidad promovida por prestigiosos y talentosos juristas contra el artículo de la Ley Contra la Delincuencia Organizada que faculta a un juez a suspender personerías jurídicas para prevenir que las mafias hagan uso de ellas para lavar el dinero mal habido. En pocas palabras el argumento fue que el crimen organizado sí incurre en esas prácticas y que para impedirlas es preciso que exista tal facultad legal.
En Guatemala el problema no lo tenemos en la redacción de nuestras leyes sino en la forma en que, maliciosamente, se utilizan para fines realmente aviesos. Aceptando que en la conformación de Semilla como partido político existieran firmas falsas, cosa que ocurre en prácticamente todos (sino absolutamente todos) los partidos políticos del país, el caso estuvo durante meses enteros en el Ministerio Público y no fue sino hasta que Semilla pasó a segunda vuelta que el mismo fue activado en la FECI de Curruchiche para ver cómo se bajaban el resultado.
La gran idea fue usar la Ley Contra la Delincuencia Organizada y asignarle el caso al juez Fredy Orellana para que, de primas a primeras, decretara la suspensión de la personería jurídica del partido político, materia que es competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por supuesto que es imposible cuestionar la validez de la investigación a Semilla y a cualquier otro partido para determinar si hubo falsificación de firmas en el proceso de inscripción; pero para ello existen procedimientos establecidos dentro de la legislación electoral y se debe certificar lo conducente contra quienes perpetraron las falsificaciones o las validaron dando fe de la validez de las mismas.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada pretende impedir que los recursos mal habidos o producto de algún delito puedan lavarse mediante la operación de personas jurídicas, mismas que pueden ir desde aquellas que operan cervecerías con aroma al Centro de Gobierno, para citar un ejemplo claro y reciente, hasta las que puedan ejecutar más complejos y enredados negocios. Pero tras tener mucho tiempo el expediente de las firmas de Semilla sin mover un dedo, la forma acelerada en que lo pasan a la FECI y en la que ésta va ante el juez Orellana para pedir la suspensión de la personería de Semilla tiene un extraordinario olor a podrido.
En otras palabras, el problema de Guatemala no está en la legislación sino en la forma en que proceden aquellos que encubren los grandes delitos y pretenden eternizar, a como dé lugar, la impunidad que se ha establecido ya como norma para todos los que son parte del saqueo de los fondos públicos.
