El Presidente, Bernardo Arévalo, y la Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se han enfrascado en una batalla “legal” para enviar (y declinar) invitaciones a discutir cuatro puntos específicos, de acuerdo a las convocatorias realizadas por el jefe del Ejecutivo.
Ya da pena ajena ver videos y escuchar a la jefa y al secretario del MP leer comunicados con leguaje legaloide, sin sustancia alguna, en las cuales declinan las invitaciones realizadas por el mandatario por su “irrestricto apego# al ordenamiento jurídico del país.
Es peor aún el bochorno, cuando uno lee un artículo de La Hora en el que indica que, de acuerdo con los registros de la SAAS (aquella dependencia que el expresidente Giammattei juró durante su campaña que iba a cerrar porque sólo le daba de “hartar” al Presidente), la señora Porras asistió a por lo menos 15 reuniones en Casa Presidencial con Alejandro Giammattei, y quien sabe si con Miguel Martínez también. Luego de una de estas reuniones, la funcionaria de marras se fue directo a la FECI a averiguar qué investigaciones que podrían haber implicado a la primera pareja en actos de corrupción. El resto es historia.
Ahora se le ve al expresidente Giammattei pavonearse y exhibirse en la sede del Parlacen (del cual también ofreció sacar a Guatemala durante su campaña, otra promesa incumplida). Incluso se da el lujo de tildar de mentirosos a los periodistas que le preguntan y los medios que estos representan, cuando en realidad el único embustero y farsante, rayano en lo mitómano, ha sido él.
Consuelo Porras representa el último valladar para evitar que Giammattei y Martínez sean investigados por los actos de corrupción (y violación al derecho humano de la vida y el de la salud a los guatemaltecos, por la mezquina compra de las vacunas Sputnik V y el lesivo contrato de confidencialidad firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa) que se les atribuye a ambos durante su cuatrienio al mando del país.
Allí radica el predicamento en el que se encuentra hoy el presidente Bernardo Arévalo, ya que necesita del MP para poder judicializar todos los casos de corrupción, pasada y presente, que encuentre en su gobierno. En abierta guerra legaloide, la encargada de la institución que se dedica a la persecución penal en el país rehúsa vehementemente reunirse con el Presidente, pensando erróneamente que su investidura y un sistema republicano de pesos y contrapesos le facultan para hacerle este tipo de desplantes al Presidente.
Y si el Presidente no logra judicializar casos de corrupción y no se ven resultados tangibles de su lucha contra la corrupción en el corto, quienes votaron por él seguramente perderán la paciencia, lo que puede ocasionarle incluso problemas de gobernabilidad. Arévalo no puede destituir a la fiscal en el corto plazo, y lograr una sentencia condenatoria en un sistema judicial podrido como el nuestro se antoja imposible, por lo que la falta de resultados puede hacerle mella en su popularidad muy pronto. Puede modificar intentar modificar la ley para hacerlo, pero aun así el camino por el Congreso es largo, y la fiscal ya tiene derechos adquiridos por el tiempo que ha desempeñado su función.
De esto se agarrarán los personajes corruptos, salidos o no del clóset, para boicotear este gobierno e intentar volver al régimen de corrupción e impunidad que ha reinado en Guatemala por décadas, y que nos tiene sumidos en la mediocridad económica (de no ser por las remesas tendríamos serios problemas de devaluación, inflación y desempleo) y en rezagos en salud, escolaridad y sobre todo en el penoso índice de desnutrición crónica infantil que nos coloca a la cabeza del continente con uno de dos niños con dicho padecimiento, el cual Giammattei también juró que iba a reducir drásticamente durante su fallida gestión. La peor y más deleznable de sus promesas incumplidas.
