Homenaje a más de 125,000 ciudadanas y ciudadanos voluntarios, integrantes de las juntas receptoras de votos, departamentales y municipales que, en las votaciones generales de 2023, custodiaron el voto y garantizaron la transparencia del evento.
Hace 60 años empecé a ejercer mis derechos ciudadanos y nunca presencié que durante el desarrollo de elecciones generales, funcionarios del sector justicia originaran actos desestabilizadores y mediante el uso excesivo del derecho penal, ordenaran acciones administrativas y judiciales contra magistrados, autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y partidos políticos, con la única intención de desconocer el voto popular expresado en las urnas o de impedir la alternancia en el poder, eso ocurrió en el último proceso electoral realizado en Guatemala el año pasado.
En los últimos 70 años este país de Centro América vive una democracia tutelada o de fachada, con frágil Estado de derecho e institucionalidad democrática. Además, Guatemala tiene larga trayectoria de vulnerar sistemáticamente derechos humanos (DD.HH.), eso explica por qué a la fecha se mantiene en el capítulo 4b de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que significa ser un país donde se cometen abusos y vulneran DD.HH. de sus habitantes.
Las características de país antes descritas revelan confrontación y disputa por el poder público. En el Siglo XX vivimos constante inestabilidad política, una revolución democrática burguesa, invasión mercenaria, golpes de Estado, dictaduras militares, fraudes electorales, conflicto armado interno, estados de excepción, toques de queda, represión indiscriminada, genocidio, ergo ningún progreso en la vigencia y el respeto a DD.HH.
Ahora en el Siglo XXI la corrupción e impunidad en el sector público se han acentuado, no pasa solo en Guatemala sucede también en muchos otros países donde la mayor parte de la clase política está coludida con redes del crimen organizado, algunos partidos políticos penetrados por intereses del narcotráfico. Otro fenómeno inmediato en Guatemala es la cooptación de todas las instituciones públicas para beneficio de redes de corrupción e impunidad.
Estas redes perdieron las elecciones del 2023 y eso no fue de su agrado, porque se esfumaron sus deseos de mantener el poder, con privilegios para continuar el saqueo de fondos públicos y conservar impunidad, por eso activaron un plan estratégico a partir de criminalizar y judicializar a actores políticos, a funcionarios electorales, para sembrar la narrativa de fraude, crear incertidumbre entre la población y bloquear la toma de posesión del binomio elegido, conformado por el presidente Bernardo Arévalo y vicepresidente Karin Herrera.
Esas acciones de los corruptos iniciados desde la primera vuelta electoral el 25 de junio, son muestra clara de un intento por romper el orden constitucional, un golpe de Estado judicial que aun cuando faltan diez días para que el 14 de enero tomen posesión los nuevos Gobernantes, la intención de los corruptos sigue latente. Por eso, el largo tramo entre junio 2023 y enero 2024, de verdad que ha sido escabroso para la ciudadanía y para la frágil democracia guatemalteca.
A partir de la oficialización de resultados electorales, la adjudicación de cargos a quienes resultaron elegidos, el cierre del proceso electoral, por parte de los magistrados del TSE y la resolución que al respecto emitió la Corte de Constitucionalidad; se espera que el 14 de enero se produzca el cambio de Gobierno, tal como lo prescribe la Constitución Política de la República.
Este cambio es histórico, abre una ventana de oportunidad para iniciar la barrida de redes de corrupción e impunidad, rescatar la institucionalidad de la paz, impulsar la política de protección a DD.HH., el programa de protección a periodistas y defensores de DD.HH., así como, avances en legislación de temas agrarios, recursos naturales, desarrollo humano y derechos de los pueblos originarios.
