Mucho se habla de los negocios que se hacen desde las instituciones del Estado y todos suponemos que son millonarias las cantidades que se roban en un sistema tan perfeccionado como el que han llegado a estructurar los políticos en Guatemala, basado en un modelo de contrataciones viciado, la ausencia de una Contraloría eficiente y de un MP que persiga la corrupción. Pero a pesar de lo tanto que se pueda hablar sobre el ritmo de los contratos, el escándalo es mayúsculo cuando uno se entera de que una sola empresa, favorita de la pareja gobernante, recibió en los primeros tres y pico de años del gobierno de Giammattei 2 mil 014 millones de quetzales es el momento en que realiza la dimensión del problema.
Con inversiones de ese calibre cualquier país dispondría de la mejor red de carreteras que alguien se pueda imaginar, bien diseñadas y mejor construidas para garantizar su larga vida, comunicando eficientemente a todos los habitantes para facilitar no solo los viajes, sino el comercio y el beneficio económico. Sin embargo, los 2,014,820,000 de quetzales (ponemos la cantidad así para que el lector pueda asimilarla mejor) no se traducen en obras de calidad sino en beneficios compartidos entre contratistas y funcionarios.
Dijeron algunos medios y personas que los beneficiarios de esos multimillonarios contratos proporcionaron al Presidente el inmueble en el que vive desde que asumió la Presidencia, pero aún si la casa le hubiera sido entregada en propiedad, su valor es una miseria en comparación con lo que significan esos contratos para el erario y para un país que tiene la peor red de infraestructura vial de toda la región, con deterioros que se agravan en cada invierno.
Aquellos tiempos en los que el soborno era un pequeño porcentaje de las utilidades del contratista pasaron a la historia hace ya mucho tiempo. Y quienes saben cómo se hacen las cosas no desperdician las oportunidades que ofrece un sistema como el nuestro. De empezar en tiempos de Oscar Berger con 64 millones de quetzales, en este gobierno han llegado a 2,014,820 millones. Y así como cada uno de los gobiernos ha incrementado la corrupción, empresas como la favorita de Giammattei han sabido también sacar más raja al negocio, todo ello en claro y notable perjuicio de los ciudadanos.
Estados Unidos sancionó a los vinculados a la entidad adjudicada y la sanción a Miguel Martínez tiene relación, en parte, con estos contratos. El Ministerio Público (MP) no investiga y sin duda, tienen mucho Consuelo y un Ángel que los acompaña.
No será fácil salir de esa turbia condición creada para asegurar que políticos y contratistas se bañen en pisto, literalmente hablando, por obras que no tienen la finalidad de mejorar las condiciones del país, sino simple y sencillamente de engordar más ya esas rebosantes maletas rellenas de dinero. Dura tarea la que espera al próximo gobierno porque no será fácil salir de tanta podredumbre.
