La sociedad guatemalteca merece la oportunidad de superar décadas de abandono y exclusión a la que ha sido sometida por gobiernos que desde el inicio de la incipiente era democrática 1986- 2023, impide superar los índices de subdesarrollo y el buen vivir.
El 26 de diciembre 1996, el gobierno de Álvaro Arzú firmó los Acuerdos de Paz entre la guerrilla, el ejército y el Estado de Guatemala. Pese a que se silenciaron los fusiles; pobreza, subdesarrollo, ausencia de servicios dignos de salud, políticas orientadas al desarrollo, inseguridad, desnutrición crónica y aguda, y otros problemas sociales azotan la vida de más de 8.2 millones de campesinos e indígenas en el área rural.
Con actos protocolarios el gobierno conmemorará el 27 aniversario de esa firma, sin embargo, el alto costo de la vida, desempleo, analfabetismo, y otros indicadores castigan a miles de familias que afrontan bajos salarios, trabajo a tiempo parcial que impulsan diputados oficialistas desde el Congreso y un amplio sector empresarial.
Es necesario que el Estado impulse políticas de apoyo a las clases vulnerables como la niñez, madres solteras, adultos de la tercera edad, la juventud que carece de oportunidades de desarrollo y que los obliga a buscar mejores condiciones de vida mediante la migración interna y hacia el extranjero.
La toma de posesión del próximo gobierno que asumirá el 14 de enero 2024, nos permite aspirar al inicio de ese anhelado cambio, es una oportunidad que debe ser aprovechada por la nueva administración. Recordemos que esa misma opción la tuvo Jimmy Morales, que asumió el gobierno en 2016, y el partido Vamos que llegó al poder en 2020. Fueron dos administraciones que quedaron en deuda con los chapines que votaron por ellos pues respondieron con mínimos avances en la lucha contra la exclusión y desigualdad.
No será una tarea fácil por tener un Congreso con una mayoría adversa, un Consejo Superior Universitario de la USAC ocupado, una Corte Suprema de Justicia blindada hacia el oficialismo actual, la PDH, PGN, CGC, y una fiscalía contrarios, así como un grupo empresarial opositor y mafias a todo nivel. A pesar de ello el nuevo gobierno goza del apoyo popular, de organizaciones civiles, indígenas y campesinas, lo cual anticipa la defensa por la democracia.
