Las personas pagan más por la cuota del parqueo en las fiestas de fin de año, que lo que cancelan por una compra en el Centro Comercial, con el agravante que la administración del lugar no se hace responsable de nada de lo que le pueda ocurrir al vehículo y dicen que cada quien se estaciona por su cuenta y riesgo, lo cual es nulo en derecho y debe cambiar si queremos certeza jurídica.
Entonces las preguntas de “cajón” son: ¿Qué estamos pagando?, ¿qué nos están cobrando?, porque si no se hacen responsables de nada, porque los usuarios se ven obligados a pagar un servicio que no tiene beneficio alguno para ellos y es como que dejásemos nuestro carro en la vía pública a expensas de cualquier “maleante”.
Los parqueos públicos y los centros comerciales se deben de hacer responsables de cualquier situación que suceda dentro de sus recintos y no lo hacen en este momento y tienen la obligación de prestar el servicio que supuestamente ofrecen.
Es más, en algunos centros comerciales hasta se han dado a la tarea de colocar cepos, otro abuso arbitrario que solamente pasa por la mente de gente aprovechada que quiere exprimir al consumidor.
Con este tipo de acciones se infringe la Constitución Política de la República, porque se limita la libre locomoción de la persona y para colmo de males suplanta a la autoridad, cuando no lo es por lo que debe ser considerado otro delito que debe ser castigado y penado.
El aprovechamiento de algunos centros comerciales es total, es más en esta época alta los administradores hacen su “agosto” en plenas fiestas de fin de año, le incrementan a la cuota cuando les viene en gana, sin que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) haga algo por proteger al usuario y se vuelve complaciente con los infractores de la norma que los rige.
Incluso las empresas funerarias han implementado el cobro del parqueo, porque saben que es un negocio “redondo”, los deudos y amigos, quienes acompañan un velatorio, pagan mínimo Q300 por la estancia de acompañamiento. Es un asalto a mano armada y un abuso que la DIACO deja pasar y simplemente brilla por su ausencia.
Aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Municipalidad de Guatemala también tienen “pito que tocar” pero tampoco hacen nada y se hacen “los locos” para no afectar intereses particulares y de empresarios cercanos al poder del Ejecutivo y municipal.
Hagamos la conversión, supongamos que en un parqueo ingresan unos 100 vehículos por hora, a Q15 la hora, hace un total de Q1,500 cada 60 minutos. Pero si lo multiplicamos por 10 horas nos dan Q15 mil al día, que hacen la suma de Q450 mil mensualmente.
En estos parqueos trabajan 10 agentes de seguridad, que les pagan Q3,500 mensualmente por puesto de servicio, nos da una inversión mensualmente de Q35 mil en seguridad. Restemos estos Q35 mil a los Q450 mil que ingresan, la ganancia es nada más y nada menos que de Q415 mil mensualmente, multiplicado por 12 meses nos da la sumatoria de Q4 millones 980 mil por no hacer nada más que poner una talanquera y unas máquinas de pago.
Lo más descarado de todo esto, es que los condómines, como se les llama a los inquilinos, se quejan de estos cobros, porque pagan una cuota mensual, por concepto de mantenimiento y aseguran que allí los centros comerciales les cobran la seguridad del edificio y por ende del parqueo.
Entonces este cobro no es ético y mucho menos honorable, por eso es indispensable que la décima legislatura regule el precio en los parqueos públicos y privados de todo el país, al aprobar la iniciativa de ley que se encuentra engavetada en el Congreso de la República, cuyos legisladores solamente se han dedicado a velar por intereses “oscuros” y han defraudado a los que confiaron en ellos con su voto.
Aunque esta iniciativa no entre en vigencia, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), tiene la potestad de sancionar y presentar denuncias penales contra propietarios de los parqueos, pero no lo hacen.
En este momento como se encuentra la Ley de Protección al Consumidor, los administradores de los centros comerciales se aprovechan con el cobro indebido de este servicio y hacen un doble cobro porque los inquilinos pagan su cuota de mantenimiento. Es un descaro total y el Ministerio de Economía es inoperante, porque les tienen la “cola machucada” al haber sido promovidos por gente que financia los Partidos Políticos y ponen a los ministros de Estado para que les cubran las espaldas.
