La Corte de Constitucionalidad ya dictaminó y da luz verde para que la transición de gobierno guatemalteco se efectué el 14 a las 14 en enero 2024, siendo este comunicado el esperado por la población, dejemos por un lado las mentiras absurdas de los corruptos del Ministerio Público y el juez de la Corte Suprema con sus operadores ya conocidos, porque estos togados son buenos para hacer guiones de ficción de series o películas de cine barato.
Ahora es tiempo de empoderarnos como sociedad civil y acompañar al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera para que ellos sientan el apoyo de ese pueblo que desea que empiece a tratarse una ruta verdadera en el cambio real que urgentemente necesita Guatemala.
Este tiempo de resistencia ha servido para posesionar la verdadera Sociedad Civil en los 48 Cantones, Alcaldías Ancestrales de Sololá y otros sectores nacionales como los verdaderos entes defensores de población guatemalteca al estar en la primera línea en estos justos reclamos por la defensa de la democracia y el debido respeto a voluntad de la población por medio del voto popular.
La participación cívica y ciudadana hoy exige un compromiso social para desarrollar nuevos mecanismos para colaborar con la sociedad en la solución a retos de interés público, impulsando la participación de la ciudadanía en el desarrollo de políticas públicas de interés colectivo, exigiendo una verdadera plataforma de participación ciudadana con inclusión de los sectores que nunca han sido convocados a estos espacios.
Por esto y mucho más, la participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Es un legítimo derecho de los ciudadanos y para facilitarla se requiere de un marco legal, voluntad política y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles del gobierno.
El término participación social o ciudadana puede ser conceptualista desde diferentes perspectivas teóricas, así puede referirse a los modos de fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada población, por ejemplo: la participación democrática o también puede referirse a los modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya superación se necesita impulsar la participación. En la mayoría de las definiciones de participación ciudadana, existen elementos en común: una mediación entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, los cuales influyen en políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen.
El estado, al asumir los problemas e intereses de la sociedad, tiene la tarea de generar políticas eficaces de desarrollo en diferentes ámbitos, considerando el derecho de la ciudadanía para potenciar sus capacidades de control y responsabilidad, ya que el desarrollo de una nación democrática se logrará únicamente con activa participación de todos los sectores de la sociedad. Aquí es donde entran los «valores de la participación ciudadana», basados en que se clasifican en responsabilidad, solidaridad y tolerancia.
Una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta involucrarse y ejercer sus derechos en favor de la solución de los grandes problemas nacionales, poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana, pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante es una sociedad justa en todos los sentidos.
En estos espacios deben estar pueblos indígenas, empresarios, profesionales, sindicatos serios, cooperativas, mujeres, jóvenes, universidades, migrantes, entre otros de vital importancia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21 indica que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y en su artículo 29 indica que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Estos artículos muestran claramente que la participación y el desarrollo son derechos y deberes que impulsan la personalidad de cada persona habitante de este país.
Es momento de que el movimiento de Arévalo cumpla con estas propuestas de llamar a todos los sectores de importancia capital en Guatemala, porque hay nuevos sectores que inciden realmente en el que hacer guatemalteco de actualidad. Minchitoss1
