El anuncio del Gobierno de Estados Unidos que contempla la imposición de restricciones de visa, al menos a 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 diputados al Congreso de la República, se suma a las acciones que se han realizado durante el 2023 contra connacionales señalados de actos de corrupción y de socavar la democracia en el país.
En las sanciones impuestas este año, que ya suman más de 333 ciudadanos, se incluye a políticos, líderes sindicales, empresarios, funcionarios judiciales y del Ministerio Público (MP), exministros y exviceministros, que en el caso de estos últimos, las restricciones han alcanzado a sus familiares.
Las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, incluso han permitido establecer los nombres de guatemaltecos sancionados bajo las conocidas Lista Engel y de la Ley Global Magnitsky.
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EN LA LISTA ENGEL
El 19 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de un comunicado, dio a conocer que sancionó a guatemaltecos al incluirlos en la Lista Engel, que nombra a personas vinculadas a actos de corrupción y antidemocráticos:
En esta nómina surgieron nombres como:
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, Fiscal Regional en el Oriente del país.
Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del Administrador del Mercado Mayorista de Energía de Guatemala.
Fredy Raúl Orellana Letona, juez Séptimo Penal A.
Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro de Gobernación.
Joviel Acevedo Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala.
Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez Décimo Penal B.
Lesther Castellanos Rodas, exjuez, actual relator de la Oficina Nacional Contra La Tortura y elegido magistrado suplente de Corte de Apelaciones.
Melvin Quijivix Vega, presidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Omar Ricardo Barrios Osorio, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria.
Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos (USAC).
REVOCATORIA DE VISAS
El 5 de octubre, el gobierno estadounidense sancionó a 14 guatemaltecos, entre ellos funcionarios, empresarios y particulares, por socavar la democracia y el Estado de Derecho al intentar afectar el proceso electoral.
Entre los sancionados destacan funcionarios del Ministerio Público (MP).
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Aunque en esta ocasión no fueron públicos los nombres, la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, aseguró a medios de comunicación que recibió la notificación de que Estados Unidos le revocó la visa para ingresar a ese país.
El 31 de octubre, también se conoció que les fue restringido el ingreso a este país del norte de América a dos exministros y un viceministro del presidente Alejandro Giammattei, debido a que sus acciones han contribuido a socavar el Estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Los exfuncionarios sancionados son:
El exministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos.
El exministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel.
El viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, Oscar Rafael Pérez Ramírez.
En el caso de Pimentel y Pérez Ramírez fue porque supuestamente aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato.
Mientras que Reyes ya había sido incluido en la lista Engel en julio de este mismo año.
LEY MAGNISTSKY
El 1 de diciembre, se conoció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en la lista de sancionados con la Ley Magnitsky a Miguel Martínez, extitular del Centro de Gobierno, pareja del presidente Alejandro Giammattei, a quien señala de haber recibido sobornos para la compra de las vacunas rusas Sputnik V. Hasta el momento es el único sancionado con dicha medida durante 2023.
DIPUTADOS
Este 11 de diciembre se conocieron nuevas revocatorias de visas, al menos a 300 guatemaltecos, entre los que destacan más de 100 diputados al Congreso de la República que votaron para el retiro de inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 30 de noviembre.
En la nómina figuran representantes del sector privado y a sus familiares por socavar la democracia y el Estado de derecho.
