Guatemala es un país que sufre una hambruna de justicia, democracia y alimentos. La impunidad estructural de un Estado cooptado, sumada a una corrupción sin límites, ha provocado que, desde 2020, nuestro país sufra la segunda crisis alimentaria más grande de América Latina y el Caribe en términos de número de personas en crisis o peor, con 3.73 millones de personas en estas fases hasta marzo de 2021, de las cuales 400 mil personas se encontraron en situación de emergencia, según el Sexto Reporte Global de la Crisis Alimentaria 2022, realizado por la Red Global Contra la Crisis Alimentaria y la Red de Información en Seguridad Alimentaria.
Desde el gobierno de Jimmy Morales, el pacto de corruptos ha venido impulsando una estrategia regresiva para cooptar todas las instituciones estatales, desmantelando la institucionalidad agraria, frenando la actualización estadística del país, y reprimiendo cuanto estudio evidencie el retroceso social que sufre la población excluida, particularmente mujeres, niños y pueblos indígenas, logrando ocultar problemas tan graves como el hambre.
Ante tal política estatal de ocultamiento y desatención, es de gran valía el esfuerzo realizado por el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación (CSDA) que recién presentó el Décimo Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala, que es fruto de un esfuerzo colectivo de organizaciones sociales de derechos humanos y profesionales académicos vinculados al estudio de temáticas sobre pobreza, hambre, seguridad alimentaria, nutrición, agroecología, situación agraria, agricultura y mercado justo, entre otras.
El citado Colectivo Social, con el apoyo de FoodFirst Information and Action Network (FIAN Internacional), desde hace quince años encontró en las Directrices Voluntarias para la realización progresiva del Derecho a la Alimentación, un conjunto de planteamientos temáticos que posibilitan la construcción de una herramienta de análisis de políticas públicas.
Como se señala en el Informe, las Directrices Voluntarias fueron elaboradas por el equipo del Derecho a la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en coordinación con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas (CSA), con el objeto de que un concepto tan complejo lograra trascender a acciones tangibles y medibles, mediante la creación de políticas necesarias en cada nación.
Las Directrices Voluntarias aportan una orientación práctica a los Estados sobre cómo realizar el Derecho a una Alimentación Adecuada (DAA) a través del desarrollo de estrategias, programas, políticas y legislación.
El DAA es un derecho legalmente vinculante y garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Guatemala. Generalmente, el DAA se define así: El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Plantea también que el DAA no debe interpretarse en forma estrecha o restrictiva, asumiéndolo como el conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Además, que debe alcanzarse progresivamente, no obstante, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, compromiso que el Estado de Guatemala ha ignorado.
El CSDA sostiene que “En un mundo complejo, determinado por las grandes fuerzas del poder corporativo global que degradan el ambiente, además de los mismos desafíos históricos, cambiantes y recurrentes, las Directrices Voluntarias orientan a reconocer la importancia de la ciudadanía activa, capaz de enfrentarse a las tendencias que atentan contra la vida en todas sus expresiones, y hacia la construcción del anhelo colectivo de acabar con el hambre, la desnutrición y malnutrición en todas sus manifestaciones, la pobreza y la desigualdad”.
En el Informe de 148 páginas, se abordan Directrices Voluntarias de gran relevancia para Guatemala, tales como las estrategias estatales para hacer efectivo el derecho humano a una Alimentación Adecuada, el mercado laboral, la tierra, el agua, los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, los servicios y los recursos financieros nacionales.
El Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación tiene como propósito analizar la problemática del hambre y la desnutrición, desde sus múltiples causas y abordamientos estatales, para promover cambios en políticas desde dos sentidos: a) Que las acciones estatales se realicen bajo los principios de derechos humanos; lo que implica un vasto conjunto de compromisos políticos centrados en la dignidad humana; y b) Que las políticas alimentarias protejan a la población de cualquier amenaza que la ponga en situación de riesgo a su salud, como lo puede ser la contaminación tóxica o por transgénicos.
Mediante un análisis de fondo, basado en la observación, datos y cifras duras, el Informe reseñado desvela cómo la corrupción mata de hambre a miles de niños y adultos, tragedia que demanda una respuesta ciudadana de gran envergadura, para reconstruir una institucionalidad democrática, participativa y proba, que nos permita comenzar a edificar una nueva primavera democrática, con justicia y sin hambre.
