Empezamos hoy una semana que apunta a ser crítica en el proceso iniciado para descarrilar el ejercicio democrático de la pasada elección, en la que fueron electos Bernardo Arévalo y Karin Herrera como Presidente y Vicepresidenta. La atención de la ciudadanía se centrará en el Congreso de la República, aunque no será la única institución que mueva piezas en esa coyuntura, pero será allí donde se manejarán cuestiones fundamentales, como la aprobación de un cuestionable presupuesto y lo que resuelvan las comisiones pesquisidoras integradas para conocer a toda velocidad varios antejuicios de gran trascendencia.
Por supuesto que el Ministerio Público mantendrá sus operaciones claramente dirigidas en contra de todo lo que tenga relación con Semilla y con el proceso electoral reciente, a fin de cuestionar la validez del resultado que fue ya ratificado de manera inobjetable por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y cuentan con el sólido respaldo del Organismo Judicial, adaptado a las circunstancias gracias a la elección de nuevos magistrados que se realizó de forma casi mágica, por la forma en que se produjeron los “acuerdos” entre los diputados del oficialismo y sus aliados, para conformar Salas de Apelaciones y la misma Corte Suprema.
El tema del presupuesto es importante porque fue elaborado con abundante malicia, no solo para garantizar la continuidad de la corrupción, sino también para atar las manos en el caso de que un gobierno dispuesto a combatirla asuma el mando el 14 de enero, fecha que parece terriblemente abrumadora para personas como la abogada Karen Fischer y varios miembros de la pesquisidora que hoy continuará con las acciones por el antejuicio contra el TSE.
El día 30 de noviembre, es decir el próximo jueves, termina el período ordinario de sesiones del Congreso y por ello habrá varios esfuerzos para dejar aprobado el presupuesto y resuelto el tema de los antejuicios promovidos por el Ministerio Público. Con el presupuesto los acuerdos no han sido tan fáciles como para elegir magistrados porque, obviamente, en este tema hay mucho dinero en juego y cada voto demanda una mayor “inversión” del oficialismo. Con los otros asuntos, los acuerdos serán fácilmente logrados porque todos los que se han aliado a Giammattei y su plan están ya comprometidos para ayudar al Ministerio Público en ese afán por destruir la democracia.
Vivimos momentos en realidad importantes para la vida nacional y los ciudadanos tenemos no solo que permanecer atentos sino también comprometidos con la defensa de nuestra democracia para impedir que se vuelva irreversible el poder absoluto que hoy nos muestran, con descaro, los actores de la Dictadura de la Corrupción.
