En Guatemala las instituciones dejaron de actuar como tales para convertirse en instrumentos de quienes crearon todo un sistema de corrupción e impunidad que ahora se siente en peligro por el resultado de la elección general de este año, en el que sufrieron una severa derrota. Cabalmente lo que estamos viendo ahora es cómo esas instituciones, que debieran cumplir la Constitución y trabajar por el bien común, se dedican a destruir la democracia siguiendo las instrucciones precisas que reciben de quienes aún tienen el control de toda la institucionalidad del Estado.
Ayer vimos como el caso Cooptación del Estado no solo fue clausurado sin llegar a juicio, sino que además se ordena que se investigue a quienes investigaron y acusaron a los funcionarios de Pérez Molina que fueron señalados por tales vicios. Jurídicamente es difícil entender cómo el ex presidente aceptó y sus ministros terminan sin responsabilidad. Cierto es que ese fue apenas el principio del control de las instituciones porque la toma se convirtió en absoluta cuando Giammattei y su centro de gobierno se propusieron y lograron adueñarse de todos los poderes, de instituciones autónomas como muchas municipalidades, la PDH y la USAC, y, por supuesto, del resto de entidades públicas.
Ahora es la Contraloría General de Cuentas (CGC) la que está siendo forzada a jugar su papel. La CGC nunca ha servido para garantizar el buen uso de los fondos públicos, como es su gorda obligación, y se dedica simplemente a hacer hallazgos de poca monta para justificar su penosa existencia. Pero ahora quieren que sea la clave, no sólo para el antejuicio contra los magistrados del TSE, sino para decir que el famoso TREP pudo ser utilizado para realizar un fraude que todos los cientos de miles de ciudadanos que participaron en las juntas receptoras de votos saben que nunca existió.
Las presiones en contra del Contralor son descomunales, como lo son contra el diputado Enrique Montano porque este último se ha mostrado como un agente democrático y eso las mafias no se lo perdonan. Todos los que sí queremos democracia debemos acompañar los esfuerzos de aquellos que están dando la milla extra porque en Guatemala siga en la senda democrática.
En otras palabras, la justicia sirve para perdonar a los mafiosos y castigar a los que desean transitar en la legalidad y se teme que la Contraloría sea utilizada como instrumento para concretar el Golpe contra la Democracia ya en marcha. Buscan, como dijo Karen Fischer, que sea concretado en breve porque el tiempo apremia y por ello cifran sus esperanzas en un fantasioso informe respecto al sistema informático que se utilizó simplemente para transmitir los datos de la elección y no para computarlos.
Cada vez resulta más claro que desde la cúpula del poder se ordena al Ministerio Público y a cualquier institución del Estado para que se pongan firmes ante el desesperado plan para impedir que se concrete la voluntad popular expresada en las urnas. No se trata de fantasías ni suposiciones, sino de una serie de hechos concretos que sirven de base para asegurar que está en marcha una tremenda y gravísima conspiración contra la Democracia.
