El uso excesivo de la autoridad del Ministerio Público (MP) en la investigación penal ha sido tremendo en este último esfuerzo por anular el resultado de la voluntad popular y los voceros oficiosos del MP en las redes sociales están ya sosteniendo, sin fundamento alguno, que la Vicepresidenta Electa no goza del derecho de antejuicio (que protege hasta a los diputados electos) y que puede ser detenida inmediatamente. Todo ello en el marco de las acciones emprendidas por la criminalización de opiniones que se hayan emitido respecto a la elección de Rector de la Universidad de San Carlos, misma que fue señalada como fraudulenta, hecho que jamás fue objeto de ninguna investigación.
Estamos ya cerca del fin de la tremenda influencia que han tenido en el Ministerio Público quienes, además de ser voceros oficiosos filtrando hasta información bajo reserva, en muchos sentidos marcan la pauta de lo que hace o deja de hacer el ente encargado de la investigación penal, situación fácil de corroborar simplemente viendo cómo lo que dicen las cuentas relacionadas con la Fundación Contra el Terrorismo, se ejecuta inmediatamente. Todo ello ha sido posible por la complacencia del gobernante y su más cercano personaje hacia esas iniciativas, entre las que se debe incluir todo lo relacionado con esta última campaña para arrebatar, de hecho, la inmunidad y el derecho de antejuicio a la Vicepresidenta y, seguramente, al Presidente electo.
No olvidemos que todos los candidatos legalmente inscritos gozan de inmunidad y derecho de antejuicio, privilegio que pierden quienes no ganan la elección, cuando se hace la adjudicación de cargos, cosa que ya hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero la acumulación de poder, aumentada tras la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que casi todos los anteriores se inhibieron de conocer el antejuicio al TSE, es lo que les permite disponer de certeza de que los recién nombrados (debidamente apalabrados) no chistarán a la hora de aumentar el cerco contra el evento democrático.
Se nota enorme desesperación en el curso de los acontecimientos actuales y es evidente la intención, irrefutable, de anular el resultado electoral y desconocer el mandato de la voluntad popular, abrumadoramente mayoritaria, que decidió elegir a Arévalo y Herrera por ese hartazgo en contra del sistema.
El tiempo se les está acabando, definitivamente, a quienes decidieron emprender esta ruta tortuosa para defender el sistema de corrupción e impunidad y por ello iremos viendo, cada día, nuevas acciones que no tienen asidero legal pero que sirven para concretar el manotazo que permita consumar el Golpe a la Democracia.
