Eduardo Villatoro
Ya es costumbre que cuando en Guatemala surge un escándalo público, los medios le prestan la debida atención, pero de pronto surge otro grave problema nacional, siempre relacionado con la falta de honestidad, generalmente, y éste desplaza al otro sin que se haya solucionado previamente, y así sucesivamente.
Quizá algunos de mis contados lectores se recuerden que en el 2007, Carlos Enrique Abularach Zablah, Carlos Enrique Lowenthal, Jorge Ibarra Herrera Iglesias y Claudia María Robles Morales, supuestos prófugos de la justicia y con orden de aprehensión pendientes de ejecutar, en su calidad de accionistas del Banco de Comercio, en forma flagrante solicitaron a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Monetaria la suspensión de operaciones, sin devolver a más de seis mil cuentahabientes su dinero, por la suma global de Q1,850 millones depositados a plazo fijo, por medio de certificados de custodia de valores.
Estos documentos eran plenamente legales porque, inclusive, tenían impreso el sello de la auditoría del citado banco.
Esas anomalías se cometieron ante la pasividad –si no complicidad– del superintendente de Bancos, Willy Waldemar Zapata, quien, a pesar de haber ordenado la supervisión del citado banco, como lo establece la Constitución Política que determina que esa superintendencia es el órgano que ejerce la vigilancia de los bancos.
Zapata Sagastume, según denuncia de los miles de afectados, incurrió en el delito de incumplimiento de deberes porque en su calidad de funcionario público omitió, rehusó y retardó la supervisión, inspección, arqueo de caja y revisión del Banco de Comercio, al margen que desde 2006 –un año antes de descubrirse la estafa– tuvo conocimiento de que la Organizadora de Comercio, S.A. estaba realizando actividades de intermediación financiera utilizando al Banco de Comercio, y en vez de ordenar la investigación de ese delito, que hubiera evitado la estafa de Q1,850 millones de los cuentahabientes, en su mayoría ahorrantes y pequeños inversionistas, que pretendían asegurarse su vejez, Zapata archivó el informe que le presentaron sus subalternos, omitiendo trasladar las actuaciones al Ministerio Público, como era su deber.
Al contrario, emitió la resolución de fecha 23 de enero de 2006 que ordenó tajantemente que “No (de debe) insistir en la verificación de las operaciones de la Organizadora de Comercio S.A., así como es improcedente presentar denuncia al Ministerio Público contra dicha entidad, por el delito de intermediación financiera”.
Fiscales del MP se percataron del hecho cuando el caso fue denunciado por los afectados y citaron a Zapata para ser escuchado en su primera declaración, pero éste planteó decenas de apelaciones, que le fueron denegadas. Recurrió al amparo y el último presentado lo rechazó la Corte de Constitucionalidad, protegiendo a personas de la tercera edad, algunas de las cuales, mientras tanto, fallecieron, víctimas de depresión y otras enfermedades emocionales y coronarias, en tanto que otras llegaron a suicidarse.
Según el nuevo alegato presentado por los afectados, el Estado de Guatemala, en este caso representado por el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, incumplieron con sus obligaciones de velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, en el que se incluía al Banco de Comercio, y no detectar que se estaba cometiendo la estafa a más de seis mil compatriotas, la mayoría pensionados o jubilados.
En más de una ocasión, el MP ha dado muestras de actualizar el caso, pero tan pronto surge otro escándalo, se deja pasar el tiempo, aunque ahora los cuentahabientes confían que esa institución, con el apoyo de la CICIG, proceda a actuar contra los accionistas mayoritarios del Banco de Comercio, mientras que el tal Zapata disfruta de su exilio voluntario en Estados Unidos.
(El sarcástico Romualdo Tishudo comenta: -Jamás pensé que un Superintendente de Bancos se llamara Willy; creí que era un apodo).
